Las elecciones judicializadas de la APR

De la web de APeR.


"Como ya sabeis, la APR no pasa por sus mejores momentos debido a la guerra judicial y de intercambio epistolar que se ha abierto con motivo de las últimas elecciones celebradas en su seno y, mas concretamente, con la desestimación de la "candidatura de Calvo" por supuestos defectos y en el último momento, lo que impidió a los miembros de dicha Asociación el ejercicio de la democracia en los términos mas básicos: con varias opciones entre las que elegir.

Como también sabeis, la "candidatura de Calvo" presentó demanda contra "la de Hinojal", dando lugar a una serie de medidas cautelares de importantísimos efectos para la APR pues prácticamente la inhabilita para cualquier función a la espera de que se resuelva el proceso.
Esta circunstancia, que nos afecta plenamente dado que ha de negociarse el Convenio Colectivo con las premuras que exige la entrada en vigor de la reforma de la legislación laboral, nos hace inclinarnos porque la solución pudiera pasar por una negociación directa con el Colegio de Registradores, sin intermediación de otras corporaciones privadas que ni siquiera representan a la totalidad de los miembros del cuerpo de registradores sino, exclusivamente, a sus asociados.

No obstante, parece que la candidatura del Sr. García Hinojal no está por la labor de una negociación sin que la APR intermedie entre el Colegio y los Sindicatos. Tras recibir el varapalo judicial preventivo, además de ver que -a su juicio- el Colegio de Registradores apoyaba las pretensiones del Sr. Calvo y que la actuación de éste parece ir mas allá de la simple impugnación de las elecciones (toda vez que como asociado ha exigido certificaciones literales de todo tipo de acuerdos y aspectos contables de la asociación de Registradores), con fecha de ayer anunciaban su intención de allanarse a la demanda, con la intención de que pueda procederse de forma inmediata a una votación entre las dos candidaturas y por tanto sea la APR quien mantenga las riendas de la negociación, en detrimento de una posible negociación con Colegio de Registradores y acortando aún mas los plazos para la consecución de un Convenio colectivo.

Ahora bien, el ofrecimiento (por escrito) del Sr. Calvo pasaba por la retirada de su persona al frente de la candidatura (con manteminiento del resto de miembros) a cambio de que la candidatura de García Hinojal se allanara y se retirara por completo de la liza electoral.
Es decir, que el allanamiento con aceptación de todas las condiciones ofertadas impediría un nuevo ejercicio democrático en caso de celebrarse nuevas elecciones, pues éstas se celebrarían con una única opción a la que votar y además en flagrante incumplimiento de las propias normas de la APR en cuanto a plazos, presentación de nuevas candidaturas, y demás requisitos estatutarios.
Merece la pena recordar que la demanda impugnaba la celebración de elecciones desde su origen, por lo que un allanamiento, aún estríctamente limitado a lo solicitado judicialmente, implicaría una nueva convocatoria de principio a fin.
En cualquier caso parece que la celebración de nuevas elecciones, de hacerse de manera inmediata como pretende la candidatura de García Hinojal, podría también dar lugar a la impugnación, esta vez por cualquier asociado que, por ejemplo, pretendiese presentar también su candidatura o conocer a fondo los programas electorales antes de emitir el voto del que puede depender la relación que mantendrá con el personal de su oficina durante el resto de su carrera profesional.

Por otra parte, el íntegro cumplimiento de un nuevo proceso electoral conllevaría un alargamiento de plazos que impediría cualquier tipo de negociación del convenio con la APR.

Es por todo esto que desde la Asociación del Personal de los Registros abogamos, como se ha dicho, por un intento de negociación directa entre Sindicatos y Colegio de Registradores o instancias superiores.

La APR se encuentra absolutamente ilegitimada para cualquier tipo de negociación y sea cual sea la postura de las partes contendientes seguirá ilegitimada salvo que se celebren nuevas elecciones con todas las garantías. Ni la institución Registral, ni el cuerpo de Registradores ni el colectivo de personal podemos permitirnos permanecer a la espera de lo que ocurra en una asociación privada de cuyas luchas internas no debería depender el futuro de nuestras profesiones."

Pues según se lee, la cosa está difícil. No sé si para los Jefes o para nosotros, pero la cuestión es que nos afectará.

Me preocupa mucho el penúltimo párrafo de la APR que dice:
Es por todo esto que desde la Asociación del Personal de los Registros abogamos, como se ha dicho, por un intento de negociación directa entre Sindicatos y Colegio de Registradores o instancias superiores.
Ahora la APR no es la Asociación Profesional de Registradores, es la Asociación del Personal de los Registros? ¿Desde cuándo?

Si alguien lo sabe, por favor me lo explique, pues yo lo desconozco.

Saludos.

APeR - Asociación del Personal de los Registros
APR - Asociación Profesional de Registradores

Siempre he tenido la sensación de que el señor Hinojal se creía también Decano del Colegio. Su forma de actuar, de mostrar su punto de vista en esas cartas en las que vimos cómo distorsiona la realidad, imponiendo su libro como temario oficial para exámenes, ahora de imponer su candidatura como única buena... Su modo de proceder en esas elecciones le ha dejado a él (y a su asociación) con una imagen penosa, y como las cosas de juzgado van despacio, por el bien de ambas partes debe ser el Colegio de Registradores (el de todos ellos) quien debe intervenir en la negociación del convenio.
Ayer aprobaron la reforma laboral, un año para adaptar los convenios, se acerca la fecha tope para crear esas categorías profesionales: hay temas que impiden más demoras.
Y los representantes de los empleados que se vayan preparando muy bien para cualquier cosa que puedan proponer, que ellos (como siempren) juegan con ventaja, con conocimiento de lo que viene y ni nos imaginamos. Os dejo un extracto aquí de la noticia que salió ayer en elmundo.es

Congreso - Anuncio del secretario de Estado de Justicia
Se creará un grupo de trabajo especial que ‘articulará’ la futura normativa
‘Mitigará el exceso de litigiosidad que pesa sobre el trabajo de jueces’
Permitirá a registradores y notarios hacerse cargo de algunas competencias
Ha descartado que se vaya a acometer una modificación de la Ley Hipotecaria
Remite al Código de Buenas Prácticas al hablar de la dación en pago
Europa Press | Madrid 27/06/2012 La noticia en El Mundo

El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha descartado que se vaya a acometer una modificación de la Ley Hipotecaria -como piden varios grupos parlamentarios pensando en la dación en pago-, pero sí ha avanzado que la nueva normativa de Jurisdicción Voluntaria, en la que trabaja su Ministerio, recogerá algunos aspectos para mejorar la seguridad hipotecaria y la comunicación de los ciudadanos con los registros.
Román ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha subrayado la creación de un grupo de trabajo especial que se encargará de “articular” la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria. El objetivo principal de este grupo será “mitigar ese exceso de litigiosidad que pesa sobre el trabajo de jueces y tribunales” permitiendo a registradores y notarios hacerse cargo de algunas competencias.
El secretario de Estado de Justicia ha precisado, de este modo, que la norma “tendrá incidencia en el ámbito de la legislación hipotecaria” dando un “tratamiento especial” a los registros y procurando la “modernización tecnológica” de estos órganos para que “la comunicación con los ciudadanos sea más fácil”.
“Esto supondrá que el sistema registral español tradicional en papel pasará a ser electrónico, y mejorará también la seguridad jurídica”, ha dicho Román, apostillando que “otras medidas” también redundarán “tangencialmente” en beneficios para los tenedores hipotecarios.