REGISTRO CIVIL

EL REGISTRO CIVIL.


Bien en el Factbook se ha producido una revolución de la que quizá hayáis oído hablar. En todo caso, conviene que en este medio también se cuente, y me arrogo el papel de “reportero”.

El pasado martes, el actual jefazo del colegio de registradores, un tal Gonzalo Aguilera, cuyo altruismo es parejo al de otros que antes se encargaron de la creación de empresas que nos han dado por culo con “soluciones inmobiliarias” y ahora están volcados con las “soluciones y pelotazos informáticos”, remitió una carta a todos los registradores.

Esa carta ha sido publicada en un diario de tirada nacional, PUBLICO.

http://www.publico.es/espana/501894/gallardon-privatiza-con-nocturnidad-los-registros-civiles-en-plena-polemica-del-aborto

La noticia, no carente de interés esta vez, ha pasado de ser publicada en medios estrictamente digitales, como los siguientes:

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-registro-civil-se-desjudicializa-y-pasa-a-los-registradores-con-plena-capacidad-auto-organizativa-del-colegio

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/38859-rajoy-pacta-con-gallardon-entregar-a-los-registradores-la-gestion-del-registro-civil

A otros de tirada e implantación nacional, como el citado diario público y el país:

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/13/actualidad/1392294016_848614.html

Bien, igualmente, semanas atrás tanto CCOO, como UGT habían promovido movilizaciones en los registros civiles, con lo que “algo sabían”, de este tema, cuando menos. Ahora es CSIF quien ha movido ficha:

http://www.csi-f.es/content/gallardon-decide-regalar-los-registradores-de-la-propiedad-el-negocio-del-registro-civil

Lógicamente, estas informaciones han provocado un ligero problema. Si se lee entre las líneas de las noticias y de la carta del decano, todos podemos extraer nuestras consecuencias, luego yo expondré las mías. Pero para ello, debo añadir una última, y más sintomática información, digamos que la “respuesta al revuelo”, dada por el periódico EXPANSIÓN, periódico adscrito al régimen político ahora en el gobierno:

http://www.expansion.com/2014/02/14/juridico/1392381969.html


A partir de aquí, espero haberos dado una interesante lectura para este fin de semana. Mis conclusiones son bastante sencillas. Efectivamente, tras la “rectificación” oficial, creo que los registradores han sufrido un enorme varapalo con esta filtración, en las pretensiones de su actual junta colegial. Esta filtración, no me cabe duda les ha provocado un perjuicio, no menor que el perjuicio que hubiera supuesto para los secretarios judiciales que el ministerio filtrara sus condiciones para la asunción del registro civil.

Por ello, me congratulo de la filtración y concretamente al medio que más daño podía hacer, PUBLICO, en un tema del que sólo los registradores y los secretarios judiciales están en posición de obtener beneficios económicos, algo indecente para unos funcionarios tan altamente remunerados por tan escasa actividad, pero que viene a demostrar que en éste, el país del pelotazo,  sólo no roba o se aprovecha, quién no puede.

Efectivamente, todo es dinero, el interés por el mantenimiento de un servicio público está en el 80% de funcionarios adscritos a ese registro y cuyo puesto de trabajo es independiente de los posibles pelotazos que por su llevanza intenten meter secretarios o registradores. La elección de los últimos se fundamenta en razones estrictamente de oportunidad, son los que menos trabajan y más ganan de ambos cuerpos, lo primero a no mucha distancia y lo segundo, cada vez a menos, y por ello, a los que menos hay que ofrecer para convencerles, ya que con mantener su actual estatus debería de bastarles, o al menos eso pensaba el ministro –extremo que evidentemente le debe haber explicado el presidente del gobierno, que no es así… lógicamente-. Hay 432 secretarios de 432 registros civiles, a una media de 5.000 euros mensuales, son unas cantidades muy interesantes para ahorrar en esa función aunque se sigan pagando pero para derivar al servicio de los nuevos tribunales provinciales previstos en la nueva ley de planta y demarcación. Suponen un alivio presupuestario para que en realidad puedan dedicarse a agilizar la justicia.

Añado, que una tasa, es un precio público, que cobra la Administración por un servicio y que puede, o no, redundar directamente en el encargado de ese servicio, pero nunca en ningún caso y por ningún motivo puede privatizarse. Ello significa que si el Registro Civil cobrara por sus actuaciones, el ingreso sería directo para el Estado, que podría destinarlo a recompensar al personal funcionarial a su cabeza, pero en ningún caso a personal laboral contratado privadamente por un empresario a la vez funcionario –todos los que se frotan las manos pensando que los registradores puede detraer ingresos del registro civil para pagar a sus actuales empleados, no tienen mayor  calificación que la de ignorantes-. Por otra parte hablamos de tasa y no de arancel, lo que supone que a cambio de unos ingresos que pueden obtenerse del actual arancel, si se reparte y siendo conscientes de que no se necesitan más registradores, sino que los que hay dejen de trabajar una media de dos días a la semana; evitaría a los registradores la polémica, en breve a considerar, de cómo un funcionario público cobra por arancel en unos servicios y por tasa en otros. En todo caso, esa es la negociación que debía mantenerse oculta, no cabe la menor duda, que los sindicatos no tenían armas para presionar si la asignación del registro civil a un encargado u otro no conllevara contraprestación alguna, siendo plenamente conscientes de que se iban a situar a la cabeza de un servicio estrictamente público, llevado a cabo por funcionarios profesionales remunerados por el Estado, ya sea ministerio ya sea comunidad autónoma en función del nivel de transferencia de competencia, recordando que esta competencia en sus niveles de decisión y organización son constitucionalmente del Estado. A ver si nos leemos la constitución, que evitaría oír muchas gilipolleces.

En todo caso, recordemos que la gestión de medios materiales que airea el decano, está ya en su mayor parte desarrollada tras la actualización y modernización del Registro Civil, que lleva desarrollándose desde 2011, con un programa informático ya instalado, un personal funcionarial ya preparado y muy bien remunerado con cargo a nuestros impuestos –eso de que es un servicio gratuito…-  y al que en ningún caso se le va a despedir, sino a reasignar en su mayoría a las nuevas oficinas –serán unas cien-, y si no serán reubicados como complemento de las nuevas organizaciones judiciales en preparación. Los supuestos estudios económicos de impacto, eran pretendidas ínfulas de privatización, extremo nunca propuesto por el ministerio, que pretende desarrollar estrictamente la ley de 2011, que desjudicializa el puesto de encargado, pero no privatiza la función. Eso sería un paso más, no previsto en la ley y probablemente inconstitucional. Luego esa falacia, sólo puede buscar el efecto de realizar una oposición beligerante para obtener réditos económicos a través de determinados pelotazos -… ya veo a los registros civiles implantados en Alcalá 540 y pagando un buen alquiler para evitar salga a la luz los pelotazos que se hicieron con éste y otros edificios…, por ejemplo-.

Por todo ello, es evidente que el Registro Civil no afectaba y nos afecta colateralmente, somos el “fuego amigo” que se ofrecía a los registradores, podéis ganar más, no con un nuevo arancel, o con un arancel del registro civil, que es inviable políticamente, pero sí si hacéis economía de escala, como vuestro compañero Fernando Méndez nos abrió los ojos y nosotros hemos aplicado en la nueva de de planta y demarcación y la nueva ley orgánica del poder judicial, en la que gestores, tramitadores y auxiliares siguen teniendo la función del registro civil, para quién quiera leerlo, ir a la página de “jueces para la democracia”.

Por todo ello, tanto que clamábamos como infantes ñoños por salir en el programa de Evole…, contarle al mundo lo mal que nos tratan…, al final, afortunadamente, quizá por la cada vez mayor profesionalización de nuestros sindicatos, creo vislumbrar que hemos asistido a la primera de unas cuantas bombas, que tiradas con puntería y decisión, tienden a colocar a nuestros “empresarios” en el lugar más incómodo para negociar lo siguiente que tocaba, los eres de la nueva demarcación, que llegarán por que el registro civil, lo van a asumir, gratis y para julio como FUNCIONARIOS.

Un saludo.

Me parece muy interesante comentar, que un amigo mío periodista, muy conocedor de este mundillo, me acaba de comentar que tal y como se ha filtrado esta noticia, no sería raro que hubiera sido filtrada por los propios registradores, para así provocar un perjuicio a la negociación de algo, que en el fondo, no les interesa, trabajar más a cambio de escaso rédito.  

Un saludo.

Sea como sea, los únicos perjudicados seremos el personal de registros de la propiedad. Los registradores ni van a trabajar más, ni van a poner un euro de su bolsillo; ya se las ingeniarán para en caso de un posible coste q salga tb de la masa salarial; si no salen las cuentas, pues ere q te pego o la reducción salarial encubierta q ya tienen en marcha..
Los funcionarios saldrán a la calle y como mucho serán reubicados..
Y mientras tanto, la opinión pública seguirá pensando q nosotros somos tb los culpables, xq lo q ellos no saben es q estos tiranos, mientras ellos cobran estos disparatados aranceles, y se llevan su 60% calentito, 10 o 15 familias viven del 40 restante, y encima hay q dar las gracias!!!
Y tenemos q estar contentos con los mínimos establecidos, q si alguna vez no se llega, ya se los cobrarán ellos después en otro mes, año, o decenio, juntó con los excesos q el mismo ha querido poner a algunos, pero a costillas de todos
Y la vida sigue..

Nuevamente, esta vez a través de los que están en la actual junta, se vuelve a filtrar lo siguiente:

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/legislacion/noticias/5544337/02/14/Justicia-pone-condiciones-al-traspaso-del-Registro-Civil-.html

Por tanto, 2 condiciones: gratuidad y asunción del 80% del personal en plantilla en el Registro Civil.

Sin embargo, sabiendo ahora que todo son medio-verdades, en ésta se ven claramente que añadidos a los datos facilitados, el qué se pide a los registradores, no se lee qué se les ofrece, y evidentemente, ante semejante grupo de poder, debe haber algo en la mesa para negociar. Está claro que ni se habla de gratuidad del servicio, ni puede hablarse de asunción de plantillas que comprenden personal funcionarial, un funcionario no puede pagar a otro... de momento.

Ciertamente se ha pretendido regular una tasa, pero parece que las condiciones impuestas por Europa fijan que nuestros jefes no pueden tener distintos tipos de retribuciones en función de distintas actividades, eso no casa con su cualidad de funcionarios, de la misma manera que en la misma oficina no puede haber encargados con retribución privada y funcionarios dependientes del pago de la Administración. Igualmente, no cabe que los funcionarios tengan distinta retribución que la que les da la Administración. Si el servicio es privatizado, no se puede realizar en función del desarrollo de la Ley de Registro Civil de 2011, y no cabe otro recorrido que la asunción sin contraprestación económica en la actualidad.

Las filtraciones parece que han logrado, por tanto, el objeto de advertir de las negociaciones a los sindicatos del sector, y buscan evitar la negociación de una privatización del servicio, con las condiciones del establecimiento de una fuente de ingresos indirecta, no a través de certificados, y la asunción del personal interino en esas oficinas para el mantenimiento del servicio.

Tanto en un sentido como en otro, parece que la solución debe articularse antes de este verano. Un saludo.

Me parece inasumible el Registro Civil gratuito e inasumible el 80 por ciento de 4.500 empleados de los Registros Civiles (y que pasa con todo el personal ya despedido?).
Me asombra como todos estos nuevos acontecimientos suceden ante nuestro ojos sin tener nada que ver y sin hacer o manifestar absolutamente nada en la cuestión. Los Registradores cuentan con nosotros para todo lo que haga falta, sin contar con nosotros evidentemente, y solo para trabajar más. Estan segurisimos de nuestra absoluta lealtad. No paran de zurarnos y les recibimos siempre con una sonrisa.
Estas pretensiones de justicia solo son asumibles bajo la promesa de un nuevo arancel en breve, que creo que es la baza que estará jugando el Colegio de Registradores y siempre suavizando esas pretensiones.
De cualquier manera todo esto nos da la oportunidad de hacer ruido y por tanto intertar formar parte de las futuras negociacionese para, como todos, sacar alguna tajada. Si nos tienen que dar por culo, que por lo menos nos besen en la boca.
SALUDOS.-

Para tu tranquilidad, Zorro, ni que te hubieran leído. Ahora los procolegio filtran lo suyo:

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/selfbankene14/legislacion/noticias/5556845/02/14/Los-funcionarios-del-Registro-Civil-seran-redistribuidos-en-Justicia.html

Visto este juego, es evidente, que mi consejo es muy fácil: leer y estudiar lo que está AHORA regulado y pensad que cualquier modificación que no sea desarrollo de la Ley de 2011, tendrá una contestación social inmediata. Ante estos juegos parece evidente, que el oscurantismo y este tipo de filtraciones son una maniobra desesperada para evitar una situación reglada ya con antelación. Vuelvo a exponer lo que dije en su momento con el artículo 19 de la Ley de Emprendedores. Su texto es incontrovertido, sus consecuencias no pueden desviarse del mismo, y su desarrollo es la formulación de un texto normativo reglamentario que no va a quedar vacante.

Un saludo.

http://noticias.juridicas.com/actual/3634-continuan-las-reacciones-a-la-asignacion-del-registro-civil-a-los-registradores-de-la-propiedad.html

Dos fundamentos contra que los registradores sean los encargados. El primero el magnífico trabajo desarrollado por los secretarios judiciales en esas oficinas -y demás funcionarios-, y el segundo, su gratuidad. Por tanto, hay un único fundamento válido, el paso de un registro "gratuito" a un registro de pago, en eso reside la PRIVATIZACIÓN.

Un saludo.

Desde cuando pasar de un servicio gratuito a uno de pago significa privatizar? Simplemente significa cobrar por algo que antes no lo era, nada más.

Esto me recuerda a cuando nos cuentan eso de que estar imputado es ser un testigo "preferente"... Muy bueno, sí señor...   

Un saludo.

Pero de aclarar lo que ellos pedían al ministerio por asumir el puesto de encargados, nasti de plasti.

http://www.elderecho.com/actualidad/registro_civil-registro_de_la_propiedad-secretario_judicial-funcionario-ministerio_de_justicia-upsj-union_progresista_de_secretarios_judiciales-privatizacion_0_647250040.html

Un saludo.

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/02/27/las_cortes_aragon_rechazan_privatizacion_los_registros_civiles_273469_300.html


De la noticia:
"La parlamentaria popular, Mar Vaquero, ha defendido su enmienda, en la que el PP ha propuesto que en la reforma se atribuyan las competencias de los registros civiles a funcionarios públicos, que se garantice la gratuidad y se mejore la accesibilidad en la Comunidad Autónoma."

Las supuestas negociaciones no conllevan un arancel para ese registro, ni tampoco una tasa. Parece claro. Otra cosa bien distinta es que se busque reformar a la vez o luego el arancel de los registros, a lo que evidentemente por las suspicacias que puede plantear políticamente, es evidente que no creo que suceda de aquí a las próximas elecciones en 2 años.

Un saludo.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-csi-critica-silencio-rajoy-privatizacion-registro-civil-recuerda-tiene-ultima-palabra-20140226143426.html


Lo más interesante, "En el encuentro, han participado representantes de CSI-F, CCOO, UGT y la portavoz socialista Soraya Rodríguez, junto a los diputados Julio Villarrubia, Mario Bedera, Gabriel Echávarri y Laura Seara. Ha tenido lugar un día antes de las movilizaciones convocadas para todos los jueves ante los registros civiles.

  Al término de la reunión, el portavoz de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia, ha puesto de relieve que este asunto ha generado "gran preocupación y alarma" y ha subrayado que su grupo luchará por evitar el "atropello" de concebir un servicio público como "un negocio para unos pocos".

  Ha confiado en que el Gobierno "rectifique" y "no consume la privatización de un servicio público histórico y querido, como es el del Registro Civil". En caso de que no sea así, ha advertido de que el PSOE lo derogará cuando gane las elecciones ya que estos datos sensibles y fundamentales sobre la vida de las personas no pueden estar en manos de un grupo de personas que no están "cualificadas" en esta experiencia."

Es evidente, que la filtración interesada del amigo jené y los suyos les está haciendo salirse con la suya, de momento, quién calla OTORGA. Bien por esos demócratas de pacotilla, y por los "otros", en el fondo, éste es un país de usureros y ladrones, y éstos tienen ya bastante con su colegio y sus programas informáticos.

Un saludo.

Tras esta intervención, parece que se va ha aclarando la situación definitivamente:

https://www.youtube.com/watch?v=jDk7fihuQMU&feature=youtu.be

Según parece, ante la avalancha no hay vuelta atrás, no es como en la sanidad madrileña, están deseando enseñar que va a ser GRATIS, y que los funcionarios no se van a la calle. Bien por ellos.

Es interesante, leer entre líneas, que este señor, que sabe exactamente el número de registradores que hay -escasos 1100-, habla de 749, y con rajoy 750 beneficiarios del nuevo arancel, que no dice que sea del registro civil, y fija en 3500 los puestos de trabajo que pueden desaparecer. Demagogias politicuchas aparte, este individuo en el sitio donde la información privilegiada ha llegado y con mayor conocimiento de lo que viene, nos permite vislumbrar, sabiendo los números de funcionarios e interinos del Registro Civil, y el número de registradores, cuántos y quiénes van a formar esas oficinas, y a cambio de qué.

Un saludo.

En el FACEBOOK han publicado el siguiente comunicado de comisiones que transcribo:

Marzo de 2014


ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL DE LOS
REGISTROS Y DEL NOTARIADO


En fechas recientes , una representación de la Federación de Servicios
Financieros y Administrativos de CCOO, en la que participaron representantes
de los trabajadores y trabajadoras de los Registros, mantuvo una entrevista con
el Director General de los Registros y del Notariado, Don Joaquín Rodríguez
Hernández, y el Subdirector de dicha Institución, Don Francisco Javier Vallejo
Amo, en la que les trasladamos de primera mano nuestra preocupación por el
impacto y consecuencias que podría tener en el empleo del sector el
procedimiento de revisión de la demarcación registral, impulsado tras la entrada
en vigor de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, y que, entre otros criterios, viene a favorecer la agrupación
en uno solo de todos aquellos registros que existan en una misma localidad, que
pasará a servirse, en régimen de división personal (comunidad de bienes), por el
número de registradores que reglamentariamente se determine.
A este respecto y a diferencia de lo manifestado por el Decano-Presidente
del Colegio Nacional de Registradores, en su carta del pasado mes de febrero
último, los responsables de la Dirección General nos transmitieron que el
procedimiento de revisión de la demarcación sigue vivo (habiendo concluido la
fase previa de recepción de informes), y que, en principio y de manera
indisoluble, forma parte de un proyecto más amplio en el que se tiene previsto
traspasar las competencias de los Registros Civiles a los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles; siendo opinión de esa Dirección General, que si bien es
cierto que la agrupación de registros podría dar lugar a duplicidades en
determinados puestos de trabajo, también lo es que la asunción de las funciones
de los Registros Civiles supondría una carga de trabajo adicional para el sector,
que debería neutralizar cualquier riesgo para el empleo.
Según se nos explicó, el objetivo del proyecto elaborado por la Dirección
General de los Registros y del Notariado consistiría en la mejora sustancial del
servicio que actualmente se presta a la ciudadanía, manteniendo, según así se
nos recalcó reiteradamente, el carácter público y gratuito de los Registros
Civiles, y para ello:
Se procedería a la implantación del formato electrónico mediante un
sistema informático único, cuyo diseño y cuyo desarrollo serían objeto de
concurso público, con el ahorro que, según esa Dirección General, se produciría
por la universalización y mantenimiento de dicho sistema.
Se optimizarían los recursos existentes con la reordenación del personal
funcionario de los Registros Civiles en otros servicios de la administración de
justicia, y la recolocación de parte de su personal interino (sin que se nos haya
ofrecido cifra en concreto y que en la actualidad rondan los 3.500) en los
Registros de la Propiedad y Mercantiles.
Se mantendrían los actos de inscripción tradicionales en el Registro Civil
(nacimiento, matrimonio, defunción, tutelas y representaciones legales); no
ampliándose, por tanto, a otros actos tales como la representación voluntaria de
las personas físicas, el domicilio y dirección a efectos de notificaciones, seguros
de vida y accidente, planes de pensiones, seguros de deceso, testamentos y
actos de última voluntad, tal y como se preveía, en un primer momento, en el
anteproyecto de ley de reforma integral de los Registros.
Debido a lo avanzado que estaría en su desarrollo este proyecto, su
ejecución podría realizarse, desde su aprobación, en un período corto de tiempo
(un año a lo sumo), aunque se nos advirtió expresamente que el mismo se
encuentra pendiente de la pertinente decisión política, que, según opinan desde
la Dirección General, no debería demorarse más allá del 22 de julio de este año,
fecha en la que entraría en vigor la Ley 20/2011 del Registro Civil, salvo que se
prorrogue la entrada en vigor de la misma.
Independientemente de lo expresado por la Dirección General de los
Registros y del Notariado y de los cambios que pudiera tener en su recorrido
este proyecto, desde COMFIA-CCOO entendemos que su aplicación de una parte
puede perjudicar a la ciudadanía en general, con la deslocalización y alejamiento
del servicio porque su implantación determinaría la desaparición de los
Juzgados de Paz, y de otra podría infringir un duro castigo al empleo público,
porque se desconoce con seguridad cuál será el destino del personal interino de
los actuales Registros Civiles, y, en su caso, su encaje (retribuciones, prestación
de servicio, etc.) en los Registros de la Propiedad, así como si el procedimiento
de reordenación de los actuales funcionarios públicos se realizaría a través de
procedimientos forzosos o no de movilidad geográfica, respetando o no las
retribuciones de origen.
Por ello, en COMFIA-CCOO opinamos que es el momento de sentarnos
todos los actores, Administración, Empleadores y Sindicatos de ambos
sectores, con el objetivo de conseguir acuerdos que permitan la implantación de
un modelo que no merme la eficacia demostrada hasta ahora en la gestión de los
Registros Civiles y, que manteniendo en todo momento su carácter público y
gratuito, no suponga merma para el empleo ni de uno ni de otro sector.


Como siempre........ ¡¡¡ SEGUIREMOS INFORMANDO!!!

Considerando que el Director General no dice toda la verdad, pero no miente, que es más de lo que se puede decir del Decano actual, empieza a ser evidente que el problema del Registro Civil, cada día va a provocar más despidos de compañeros, ya que es lógico suponer que se intenta tranquilizar al ganado, pero si se cogen, pongamos 2.000 empleados laborales del Registro civil, y debe pagárseles, con el actual convenio y sus mínimos, que les parecerán una mierda en comparación con lo que cobran, y que evidentemente deberán negociar su inclusión y parámetros de contratación -ellos sí podrán negociar, tienen la fuerza de no ser unos mierdas como nosotros y tener algo con lo que presionar, los registros civiles llevan saliendo a la calle todos los jueves desde febrero...- es lógico que si la oficina es pública, significa que estará fuera de las atribuciones del arancel y por lo tanto, su remuneración puede seguir siendo dependiente de la administración -recuerdo que los registradores pueden ocupar el puesto de encargados, como hacían los jueces, y no tener más que una relación jerárquica con las personas que trabajan en sus oficinas-.

En todo caso, ese movimiento puede provocar reestructuraciones traumáticas de contratación pública, ya que lo que me veo es que los registradores sí que pueden querer meternos a algunos de nosotros para que suceda lo de siempre, que les hagamos el trabajo.

UN SALUDO.

http://politica.elpais.com/politica/2014/03/11/actualidad/1394567669_951996.html


Cito:

EL PAIS escribió:Un año de negociaciones —y de polémica— sobre el cambio de gestión del Registro Civil terminó este lunes con la ruptura entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, el colectivo en el que teóricamente se iba a delegar el servicio que ahora realizan funcionarios judiciales. Justicia da por definitivamente rota esa negociación y busca ahora fórmulas alternativas (aunque aún sin descartar que el Registro Civil pase a manos de colectivos no judiciales)

Existen dos posibilidades:

1º.- Si el colectivo no está conforme, dárselo a otro, quizá notarios...

2º.- Nada impide que el colectivo sea definitivamente invitado a darse cuenta de que son funcionarios a estos efectos, y qué mejor golpe de efecto para un registrador presidente del gobierno, que meterle caña a su colectivo.

En todo caso, esta ruptura es una buena noticia para nuestro colectivo, ya que los registradores lo que estaban negociando era para su exclusivo pecunio, y nosotros hubiéramos sido y quién sabe si no seguiremos siendo, las víctimas de esta situación. Lo que es cierto, es que la transitoria acaba ya, y esta reforma es previa y necesaria para la reforma de la LOPJ Y LEY DE PLANTA Y DEMARCACIÓN JUDICIAL, que son objetivos prioritarios del ministerio en esta legislatura.

Un saludo.

A todo esto, y qué pasa con la demarcación registral? se sabe algo?

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/5613066/03/14/Los-registradores-llevan-a-Justicia-ante-los-tribunales.html#.Kku8jpF0QloYg9d

Finalmente, fuentes del Ministerio de Justicia explican que el Colegio de Registradores pretende que se incluya una partida económica para la gestión del Registro Civil, a lo que la Administración se niega.

Bien, los registradores, como antes supuse, intentaban obtener ingresos propios a través de cobro colegial por gestión. Una vez más, parece que las posibles atribuciones que hubiéramos hecho los empleados sería lo único gratis de todo el proyecto, supongo que no sorprendo a nadie, pero ante todo es interesante saber que el colegio se está extralimitando en sus atribuciones frente a la Dirección General ocupada por un registrador, ni más ni menos. Ante la situación generada, es posible que no toda la mierda caiga para abajo, por primera vez en mucho tiempo.

Un saludo.

La modificación del sistema de llevanza de registros que posibilita la ley de emprendedores que fija que las agrupaciones de registradores en división personal no es sólo para posteriores divisiones, se enmarcó en una ley lanzadera que conlleva el registro electrónico con programa único, y la gratuidad para las administraciones públicas. No se producirá su definición hasta que no se configure el registro civil, y será en función de éste. Digan lo que digan, ese registro civil va a tener como encargados a registradores de la propiedad y mercantiles, y en función de quiénes y de qué manera vayan se reorganizará y definirá la demarcación registral. Las actuales oficinas no son funcionales en el registro electrónico y con internet, sencillamente se tiende a adelgazar la administración, abaratando costes, y este trabajo no va a ser una excepción.

Es mi opinión. Un saludo.

Gallardón delegará el Registro Civil en funcionarios “de distintos cuerpos”
12 MAR 2014 - 20:00
El Registro Civil, que realiza cada año 1,4 millones de trámites en toda España (unos obligatorios para los ciudadanos, como las inscripciones de nacimiento y defunción, y otros voluntarios, como los cambios de apellidos), seguirá siendo gratuito, lo gestione quien lo gestione. Ya se sabía, pero lo confirmó ayer en Barcelona el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que precisó: serán gratuitas tanto las "inscripciones" -todas- como las "certificaciones de aquello en lo que el Registro ya te ha inscrito" (las copias que el ciudadano pide posteriormente). El ministro señaló también que su intención sigue siendo la de quitar la gestión de ese Registro a los jueces para delegarla en otros "funcionarios públicos", aunque "no de un único cuerpo" sino de varios distintos, "en función de la división territorial de España".

La expresión "funcionarios públicos" que usó Gallardón es ambigua. Podría referirse, por ejemplo, a funcionarios del juzgado, como los secretarios judiciales (que llevan meses pidiendo asumir el Registro); pero también podría referirse a los notarios y registradores de la propiedad o mercantiles, porque estos dos cuerpos son oficialmente "funcionarios públicos" (según la Ley del Notariado y la Ley Hipotecaria). En la práctica, son un híbrido de funcionarios públicos (dependen del Gobierno, acceden al cargo por oposición) y trabajadores privados (no les paga el Gobierno sino que se financian con aranceles cobrados a los clientes por cada servicio, y gestionan sus propias plantillas). Algunos colectivos ven en esa opción un paso hacia la privatización del Registro.

Durante meses, el ministerio negoció con el Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles para delegar en él la gestión del Registro Civil. El acuerdo parecía cerrado hace unos días, pero esta misma semana se rompió, según Justicia, porque los registradores exigían poder cobrar aranceles por algunos trámites del Registro y el ministerio ya se había comprometido a que todo siguiera siendo gratuito. Fuentes de Justicia sostienen que han descartado "definitivamente" esa delegación expresa y total en el Colegio de Registradores. Pero admiten que se están explorando "otras fórmulas". Y, a la pregunta de si se descarta totalmente la colaboración con los registradores, en una u otra medida, el ministerio no responde.

"No nos negaríamos a hacerlo gratis"

El Colegio de Registradores no ha querido dar una respuesta oficial a esa ruptura de negociaciones. Fuentes del colectivo, sin embargo, sostienen que ellos nunca exigieron el cobro de aranceles. Y aseguran que, si Justicia les ordena asumir ese trabajo gratis, lo harán aunque no les guste, porque son funcionarios públicos y no pueden negarse. "Es cierto que nosotros dijimos que éramos partidarios de cobrar aranceles por algunos servicios del Registro Civil. Quizá no por los certificados obligatorios, pero sí por otro tipo de trámites voluntarios que, si no los paga el usuario, los pagan todos los ciudadanos con sus impuestos. Nos parece un modelo más justo. Pero solo lo planteamos durante las conversaciones con el ministerio, no lo exigimos. No tenemos competencia para exigir nada. Somos funcionarios públicos, haremos lo que nos digan", señalan estas fuentes.

Desde el ministerio responden que, efectivamente, podrían imponer la gestión del Registro Civil al Colegio de Registradores sin pagarles nada a cambio y sin dejarles cobrar aranceles, pero dicen que prefieren llegar a un acuerdo con un colectivo que comparta el modelo de gratuidad, sin imposiciones (y que acepte de buena gana asumir un trabajo sin cobrar por él). En las próximas semanas o meses Justicia tendrá que decidir qué colectivo es ese.

De buenas a primeras el MINISTRO miente, ya que dice que su intención sigue siendo la de quitar la gestión de ese Registro a los jueces para delegarla en otros "funcionarios públicos". Lo cierto es que los jueces no llevaban la GESTION del registro civil, a niveles administrativos y de control de la oficina, dicha función era de los secretarios judiciales, y los jueces eran los encargados conforme al nuevo artículo 88 LRC, de la TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRALES. Dicho de otra manera en el registro civil dependiente o parte de un juzgado no de paz, el jefe de personal era el SECRETARIO y el jefe decisorio el JUEZ, -con la salvedad hecha de los juzgados de paz por su tamaño, y que tras su desaparición, también decidida por Zapatero, obvio por razones prácticas argumentales-.

La verdad es que los registradores querían pasta vía presupuestos generales del Estado y pelotazos varios vía colegial -programas informáticos, sedes...- pero no por ARANCEL, que se han pasado de ambiciosos, y que lo que se negociaba era la GESTIÓN del registro civil, como un concepto añadido al puesto de ENCARGADO, para justificar una RETRIBUCIÓN VÍA DISPOSICIÓN DE FONDOS PUBLICOS, pero nunca su llevanza en términos de privatización del servicio. Tras ello, es evidente que nosotros no nos íbamos a convertir en los nuevos empleados del registro civil, luego el Director General falseó la realidad de la situación a Comisiones Obreras -DE SU COMUNICADO: "también lo es que la asunción de las funciones de los Registros Civiles supondría una carga de trabajo adicional para el sector, que debería neutralizar cualquier riesgo para el empleo" y el Decano de los registradores MINTIÓ a SIOYA, ya que dijo: "y no incluiría en ningún caso la asunción masiva del personal que actualmente desempeña sus tareas en los registros civiles", cuando ahora sabemos de boca del ministro que lo que se está negociando es quién va a gestionar el SERVICIO pero el mismo seguirá a cargo de FUNCIONARIOS PUBLICOS y demás PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN, y sólo se dilucida CUÁLES SON LOS FUNCIONARIOS VAN A ESTAR AL FRENTE DE ESE SERVICIO, GESTIONANDOLO.

Por ello, de igual manera, ahora en mi opinión se está volviendo a ocultar la realidad. El puesto de ENCARGADO del registro civil no representa necesariamente que sobre el mismo recaiga la GESTIÓN del mismo, ya que ANTES el mismo era un juez y no tenía a su cargo funciones de gestión sino que era quién resolvía y firmaba, ese puesto era el que estaba libre y expandirlo a la gestión representaba una desviación intencionada de recursos públicos si se asignaba con retribución a un cuerpo de funcionarios públicos distinto del de los secretarios. Dicho de otra manera, los registradores PUEDEN seguir siendo los encargados del registro civil y su gestión puede quedar todavía en manos de los secretarios judiciales como jefes administrativos y funcionales de los nuevos registros civiles, en mucho menor número, ya que la ley socialista había provocado ya ese efecto. Por otra parte la nueva oficina judicial extendió competencias ampliando funciones, y tampoco sería un disparate organizar que la gestión de las oficinas estuviera a cargo de uno o algunos gestores judiciales asignados a las mismas realizando un sistema jerárquico entre ellos, como se está proponiendo en la reforma de la LOPJ para los secretarios al unificarse juzgados de instancia en TRIBUNALES COLEGIADOS.

Esta solución o soluciones, además hubieran generado un enorme ahorro de costes ya que los encargados ahora pueden realizar esa tarea gratuitamente sin excusas de que tengan que "gestionar" en forma alguna unas oficinas a las que simplemente deben desplazarse para aportar, ahora sí, su simple trabajo, suficientemente remunerado con el arancel de sus propias oficinas a las que no precisan acudir en exclusividad tras las agrupaciones y comunidades de bienes de registradores en división personal de registros cuya llevanza corporativa les permite destinar parte de las inmensas horas de trabajo que eluden al día para la llevanza meramente jurídica de los asuntos que se tramitan en el Registro Civil.

Semejante solución no era la planteada por los registradores que están en la DGRN y por lo tanto intentan puentearla desesperadamente ya que sí representaría PARA ELLOS trabajar a cambio de nada. Pero la ambición de los que irracionalmente se pensaban que un presidente del gobierno registrador de la propiedad iba sin más a ampliar el arancel a la función del registro civil ha provocado una situación excesivamente pública de la que la oposición puede acabar haciendo noticia en las próximas elecciones y por ello y el final del plazo de LRC, es muy posible que se llegue a una solución consensuada en breve.

Un saludo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Ubicación y dotación de las Oficinas Generales del Registro Civil.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia fijarán, en sus respectivos ámbitos territoriales, el emplazamiento de las Oficinas Generales del Registro Civil y determinarán, mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones de personal necesario.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Régimen jurídico de los Encargados de la Oficina Central del Registro Civil y de las Oficinas Generales del Registro Civil.

1. En la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen, las plazas de Encargados del Registro Civil se proveerán entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la Licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya y entre secretarios judiciales. La convocatoria y la resolución de los concursos para proveer las plazas de Encargado de las Oficinas Generales del Registro Civil corresponderá, en sus respectivos ámbitos territoriales, al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia.

El Encargado del Registro Civil recibirá la formación específica que determine el Ministerio de Justicia.

2. El régimen jurídico aplicable a los Encargados del Registro Civil será en todo caso el previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en sus normas de desarrollo.

El incumplimiento o la inobservancia de las instrucciones, resoluciones y circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado se considerará falta muy grave de conformidad con lo previsto en la letra i) del apartado 2 del artículo 95 de dicho Estatuto.

El régimen de sustitución de los Encargados se regulará reglamentariamente.

Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia, en sus respectivos ámbitos territoriales, el nombramiento de los Encargados de las Oficinas Generales del Registro Civil interinos y sustitutos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA. Régimen transitorio del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en el Registro Civil.

Hasta tanto se provean los puestos de trabajo de las Oficinas Generales del Registro Civil de acuerdo con las Relaciones de Puestos de Trabajo que apruebe cada Administración competente, el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, esté prestando servicios con destino definitivo en los Registros Civiles Únicos, allá donde los hubiere, o tenga asignadas funciones de registro en las oficinas judiciales con funciones de Registro Civil, podrá continuar desarrollando sus funciones respectivas y percibiendo la totalidad de sus retribuciones.

El personal a que se refiere el párrafo anterior podrá optar a participar en la convocatoria de provisión de puestos de trabajo de las Oficinas Generales del Registro Civil, en la que tendrá derecho preferente por una sola vez, dentro del ámbito territorial del órgano convocante, a obtener destino definitivo. Mientras permanezcan en estas Oficinas del Registro Civil, estarán en la situación de servicio activo según lo previsto en el artículo 507 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el artículo 88.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su Cuerpo y las complementarias asignadas en la Relación de Puestos de Trabajo.

Los funcionarios que no obtengan destino en las Oficinas Generales del Registro Civil, mediante un proceso de reordenación de efectivos serán destinados a las vacantes de los órganos judiciales o en su caso fiscales, dentro de la misma localidad. En el caso de no haber suficientes plazas vacantes se procederá a la modificación de las plantillas o en su caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo.

Al personal que obtenga destino definitivo en las convocatorias de provisión de los puestos de trabajo de las Oficinas Generales del Registro Civil se le aplicará el régimen estatutario de la Administración pública en la que preste servicios.

http://noticias.juridicas.com/actual/3706-continua-la-incertidumbre-sobre-la-futura-gestion-del-registro-civil.html

Al preguntársele -a Gallardón- si en Cataluña podrían asumirlo los funcionarios de la Generalitat, ha dicho que no va a anticipar quienes serán los distintos trabajadores públicos que se encargarán, pero que en todo caso no serán los jueces.

IMPORTANTE

Al conjunto del Personal integrante del Registro Civil, por favor luchen por no caer en las garras de los registradores de la propiedad. Lo peor que podría pasarles. Cuerpo (sin definición) poderoso y sin límites.

La noticia de la reanudación de la negociación viene en prensa:

http://www.lavanguardia.com/vida/20140326/54404455315/justicia-retoma-negociacion-con-registradores-para-registro-civil-segun-csif.html

Desgraciadamente, y como era de esperar, el interlocutor "normal" no existe entre los registradores, y para muestra, los señoritos de ARBO que saben escribir muy bien, y son incapaces de tener una concepción amplia de miras de lo que debe ser su función y el servicio que se debe prestar en estas oficinas, algo mucho más serio e importante que esta ridícula confrontación inútil y patética:

http://www.arbo.org.es/index.php?nlm0=WMHGJFNXHKEEKLGHHIXIJIIKLKFLGETLIERKOFAJDKQDLJBQIKFDFIAKRIKHFFAECNCRNNGOEFADBGJJCGDHBPKDKMJMNDMMMOJGLELGMMIJP&nlm1=WMHDJLNXCKKHHNILJLXLLLIRR&nlm2=W&nlm3=W&nlm4=W&nlm5=W&nlm6=WKFKHKNXHIJNM&nlm7=W&nlm8=W&nlm9=W

Entre semejantes bandas, la búsqueda de un interlocutor institucional y corporativo que entienda su lugar en el mundo, y por lo tanto su posición en el marco de la contribución en la definición de una asignación funcional en virtud de una ley en vigor, siendo conscientes de que la misma debe cumplirse en su texto literal, al menos, es lo que provocará sin duda una nueva e inaceptable traslación de que las competencias de un gobierno en la organización de la administración, derivan a intereses de grupos de poder, que deberían llamarse simplemente, funcionarios.

Un saludo.

Nueve semanas para decidir quién se hace cargo del Registro Civil


El funcionamiento del Registro Civil no gusta a casi nadie. Ni a los dos grandes partidos políticos, ya que PSOE y PP pactaron su reforma en 2011; ni a los ciudadanos, que se quejan de largas esperas y múltiples ineficiencias; ni siquiera a los 4.500 trabajadores encargados de su gestión, que lamentan su saturación y la falta de medios con la que lidian a diario.

Pues bien, ese acuerdo político se plasmó en una reforma legal que concluyó entonces que el registro debía reformarse, ya que no era de recibo que solo en los expedientes de nacionalidad se acumularan años de retrasos. Sin embargo, esa nueva ley establecía al mismo tiempo lo que se denomina una vacatio legis de tres años, que no es otra cosa que dicho periodo para su entrada en vigor. Ese plazo expira el próximo mes de julio, por lo que el Ministerio de Justicia apenas tiene hasta junio, unas nueve semanas, para dar con la solución a un problema que amenaza con convertirse en otra fuente de conflicto con los funcionarios y empleados públicos dependientes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.

De las conversaciones que representantes de Justicia han mantenido hasta ahora con distintos cuerpos de la administración, parece que está claro qué se quiere hacer, pero no tanto con quién. El Gobierno quiere llegar a una solución de consenso, pero lo cierto es que después del desencuentro protagonizado con los registradores de la propiedad (que fueron quienes más cerca estuvieron de asumir la llevanza del Registro) se aleja esa posibilidad.

El objetivo del Gobierno es desjudicializar la gestión del Registro Civil, liberando de esta forma personal de los juzgados que en la actualidad desempeña algunos trabajos propios de este organismo. Fuentes de Justicia admiten que se lograría un doble objetivo: modernizar el servicio del Registro y descongestionar los juzgados. Si no hay acuerdo con ninguno de los colectivos que se han barajado hasta el momento como idóneos para asumir esta competencia (registradores, notarios, secretarios judiciales e incluso algunos funcionarios del ámbito municipal), Justicia podría otorgar la llevanza del Registro Civil por decreto a uno de ellos, sin necesidad de que exista acuerdo previo.

Sin embargo, la intención es agotar ese plazo disponible. ¿Por qué no ha sido posible hasta ahora el pacto? El Ejecutivo siempre advirtió que existían dos líneas rojas que no debían traspasarse: la reforma no podía suponer que el ciudadano pasara a pagar por servicios que ahora eran gratuitos y la nueva gestión del registro no supondría pérdida de empleo público.

Tal y como confirman a CincoDías fuentes conocedoras de las negociaciones, en el segundo aspecto nunca hubo problemas, ya que estaba previsto que se hiciera cierto trasvase de parte de esos 4.500 funcionarios que en la actualidad gestionan el Registro al colectivo que finalmente asumiera el control del servicio. Sin embargo, a la hora de abordar el coste del proyecto, las discrepancias con los registradores de la propiedad se han probado, hasta ahora, insalvables.

Desde Justicia argumentan que este colectivo dispone de los medios humanos y técnicos (soportes informáticos) para poder asumir la gestión del Registro Civil y defienden que igual que el resto de empleados públicos ha hecho sacrificios, ellos los tendrán que hacer. “Con la mayor eficiencia que van a conseguir, ahorrarán costes y, por tanto, obtendrán un beneficio”, argumentan fuentes del Departamento de Ruiz-Gallardón.

Por su parte, fuentes de los registradores siempre mantuvieron clara su postura: “nosotros no nos hemos negado a asumir la gestión, entre otras cosas porque no podemos y acataremos la decisión final, sea cual sea”. “Solo hemos planteado la necesidad de que para hacer el nuevo servicio económicamente sostenible es necesario empezar a cobrar por aquellos documentos que no son obligatorios, como la inscripción del régimen económico de los matrimonios, un cambio de nombre o incluso la nacionalidad”, añaden las mismas fuentes.

Así, los certificados de nacimiento y defunción y todos aquellos considerados obligatorios para la tramitación de determinados documentos (el 85% de la actividad), como el DNI, seguirían sin costar nada al usuario, sostienen desde los registradores.
Gratis, lo que se dice gratis, "no hay nada"


Comienza a ser recurrente que aquellos servicios que se financian con los presupuestos públicos se definan como gratuitos para el ciudadano cuando gratis, lo que se dice gratis, “no hay nada”, como recuerdan fuentes de los registradores de la propiedad. “La sanidad, la educación o el Registro Civil se financian con los impuestos que pagamos todos y otros servicios, como el transporte, se costean en parte con el presupuesto y en parte con el precio del billete que abonan los usuarios”, explican.

Y ahí está la clave, en opinión de los registradores, conviene definir qué modelo de registro se quiere implantar y a partir de ahí consensuarlo con el mayor número de fuerzas políticas para evitar que si en el futuro cambia el signo del Gobierno, éste tenga la tentación de volver a cambiar la gestión de este organismo tan importante.




Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2014/03/31/economia/1396280826_100204.html

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5813334/05/14/CCOO-denuncia-el-encabezonamiento-de-Justicia-de-privatizar-el-Registro-Civil.html#.Kku8Z4Xo9ex98Ze


El sindicato de CCOO ha denunciado el "encabezonamiento" del Ministerio de Justicia en "privatizar" el Registro Civil y ha lamentado que no haya hecho ninguna lectura del resultado de las elecciones europeas, donde los ciudadanos han dado un "contundente y rotundo" rechazo a la "política de privatizaciones" del Partido Popular.
La plataforma sindical dice en un comunicado haber tenido conocimiento de que los secretarios judiciales han recibido una encuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, donde se les pide en el "corto" plazo de cinco días, un inventario detallado de los registros civiles, que especifique el "número de tomos, su grosor medio, el espacio que ocupan, la cantidad de inscripciones que se realizan mensualmente e incluso datos de los propios edificios en donde se ubican los mismos".
Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado a Europa Press que el departamento ha pedido datos para hacer un inventario sobre los documentos y tomos digitalizados, como hizo el anterior Gobierno, pero han precisado que no tiene nada que ver con la decisión que finalmente se adopte sobre la encomienda del Registro Civil.
No hablar de ello en campaña electoral
CCOO ha advertido en el comunicado de que una privatización supondría la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo y ha amenazado con convocar una huelga a nivel nacional en toda la Administración de Justicia si esta se produce. El sindicato defiende que este servicio público continúe en este ámbito asumido por funcionarios.
Para el sector de la Administración de Justicia de CCOO, "resulta curioso que esta información se solicite inmediatamente después de las elecciones europeas, pese a todo el tiempo que se lleva hablando de la privatización de los registros civiles, en una clara maniobra del Ministerio de que su encabezonamiento con la privatización del Registro Civil no perjudicase al Partido Popular en la reciente cita electoral".


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