REGISTRO CIVIL

http://www.publico.es/politica/523726/gallardon-encarga-a-el-corte-ingles-un-inventario-del-registro-civil


El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Registros y del Notariado, ha adjudicado a la empresa informática de El Corte Inglés la realización de un inventario de las oficinas del Registro Civil de toda España, con el número de libros físicos y digitalizados, las características y su estado de conservación, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

El sindicato ha exigido por escrito una explicación al Ministerio ante una medida que ha calificado de "inaudita" e "incomprensible" y que, en su opinión, arroja "serias" dudas sobre el tratamiento de datos "muy sensibles", a la vez que se derivan medios públicos a una empresa privada.

Además, CSI-F subraya que los propios funcionarios deberán de realizar el trabajo de campo a esta empresa privada a través de un cuestionario que ya se ha distribuido al conjunto de los trabajadores.

El sindicato ha mostrado además su preocupación de que detrás de esta medida se encuentre una "nueva maniobra" previa a la privatización del Registro Civil.

"Frente a la privatización, CSI-F reclama que se impulse el sistema Inforeg, un programa que permite el acceso de los registros civiles a cualquier inscripción de nacimiento, matrimonio, tutela o notas registrales digitalizadas y pide un cambio legal para que los propios funcionarios puedan certificar cualquier inscripción y evitar así la temida privatización de este servicio", ha señalado el sindicato.

En 2007 la filial informática de El Corte Inglés, junto a Telefónica, se adjudicaron uno de los lotes en el concurso convocado por Red.es para la digitalización de los libros del Registro Civil.

Ya va quedando menos..... es solo cuestión de tiempo.     

El proyecto de demarcación como real decreto en desarrollo ha sido enviado al colegio de registradores para que de el correspondiente informe y a continuación se envíe al Consejo de Estado. Algunos registradores han tenido la consideración de trasladar esta información a sus empleados considerando que las personas que atienden y cubren el trabajo de estas oficinas merecen conocer su futuro. Un saludo.

puck escribió:El proyecto de demarcación como real decreto en desarrollo ha sido enviado al colegio de registradores para que de el correspondiente informe y a continuación se envíe al Consejo de Estado. Algunos registradores han tenido la consideración de trasladar esta información a sus empleados considerando que las personas que atienden y cubren el trabajo de estas oficinas merecen conocer su futuro. Un saludo.

Puck, por lo que más quieras, especifica algo más ese futuro, que aquí no tenemos registrador que nos informe

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/01/actualidad/1401636950_082859.html


La incapacidad del Ministerio de Justicia de sacar adelante su Ley de Registros —que anunció hace año y medio y sigue parada— está a punto de dar lugar a un embrollo legislativo. Esa ley debía entrar en vigor antes del 22 de julio de este año, para dar cumplimiento a un mandato del Congreso de 2011. Pero ni está lista ni se la espera: el ministerio no logra ponerse de acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para que asuma —gratis— el trabajo de gestión de los registros civiles que ahora realizan jueces y funcionarios judiciales. A dos meses de que venza el plazo, Justicia estudia la posibilidad de cubrir el vacío legal declarando una prórroga in extremis, a través de una enmienda en el Senado a alguna otra norma que no tendrá nada que ver con la materia. Y seguir negociando para encontrar una salida al bloqueo.

El Registro Civil —donde los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, cambios de apellidos y otros asuntos, hasta un total de 1,4 millones de trámites al año— está adscrito desde el siglo XIX a la administración de justicia. Al frente de cada oficina del registro hay un juez (o un juez de paz, estos no profesionales), y unos 4.800 funcionarios judiciales se ocupan de esas labores en toda España, compatibilizándolas con la judicial.

En julio de 2011, todos los grupos políticos, a propuesta del PSOE, se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que ordenaba delegar ese trabajo puramente administrativo en “funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado”, para que los jueces pudieran concentrarse en lo esencial: juzgar. La ley no especificaba en qué cuerpo de “funcionarios públicos” se delegaría; previendo que la transición sería compleja, el Congreso estableció una vacatio legis: un plazo de entrada en vigor, de tres años. El traspaso de los registros debía estar en funcionamiento, por tanto, el 22 de julio de 2014. Dentro de dos meses.

Pero el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, no ha logrado llegar a un acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para ejecutar el traspaso. Lo intentó con los registradores de la propiedad —lo que provocó una intensa polémica porque algunos sindicatos y asociaciones judiciales vieron ahí un paso hacia la privatización—, pero finalmente ha desistido. Por eso en este momento es imposible que la ley de 2011 entre en vigor pero, a la vez, se cumple el plazo establecido en la norma. Se produciría así a partir del 22 de julio una extraña situación, con una ley inaplicable aunque formalmente en funcionamiento. Los jueces seguirían al frente de las oficinas del Registro sin tener jurídicamente competencia para ello.

Uno o dos años de prórroga

Fuentes del ministerio garantizan que, aunque eso ocurra, los trámites que los ciudadanos realizan en el registro a diario —algunos obligatorios, como la inscripción de nacimientos y defunciones— seguirán realizándose. Pero admiten que hay que evitar llegar a esa situación de limbo jurídico. Para lograrlo, Justicia barajó varias posibilidades, incluida la de prorrogar por decreto ley la entrada en vigor de la ley de 2011. Finalmente la solución encontrada, según fuentes del Gobierno, es incluir una enmienda en alguna ley que se encuentre ahora en tramitación en el Senado, para aplazar la entrada en vigor el tiempo preciso de aprobar otra y poner en marcha el traspaso; es decir, probablemente uno o dos años más.

Una opción que el PSOE considera pésima desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque supone congelar una ley que tuvo un trámite largo, con informes, debates y acuerdo unánime, a través de una enmienda de trámite veloz que previsiblemente apoyará el PP en solitario. A eso replican así fuentes de Justicia: “Es cierto que la ley tuvo apoyo unánime pero también lo es que dejaba sin cerrar el aspecto más espinoso del asunto: qué cuerpo de funcionarios se haría cargo de Registro. Por eso se fijó un plazo de tres años: porque no es nada fácil”.

Y en tres años no se ha conseguido. El ministerio anunció primero que delegaría el Registro Civil en los registradores de la propiedad, a pesar de que su función a priori no tiene nada que ver. Alegó que los registradores son un tipo especial de “funcionario público” (dependen del Gobierno y acceden por oposición, aunque no cobran una nómina sino aranceles a sus clientes), y rechazó las acusaciones de privatización asegurando que todos los trámites seguirían siendo gratuitos. Eso bloqueó la negociación con el Colegio de Registradores, negociación que finalmente se rompió hace dos meses. Gallardón anunció entonces que no renunciaba a desjudicializar el Registro Civil (entre otras cosas, porque la ley de 2011 le obliga), y que la solución pasaría por delegarlo en "funcionarios de distintos cuerpos". Aún no se sabe cuáles serán, ni cuándo.

http://cincodias.com/cincodias/2014/03/31/economia/1396280826_100204.html


Nueve semanas para decidir quién se hace cargo del Registro Civil
El Ejecutivo valora qué funcionarios pueden asumir mejor la gestión
Si no se logra el acuerdo antes de junio, Justicia podría imponer la solución
Cómo reformar el registro civil sin gastar dinero ni enfadar a nadie
RAQUEL DÍAZ GUIJARRO MADRID 01-04-2014 07:48
El funcionamiento del Registro Civil no gusta a casi nadie. Ni a los dos grandes partidos políticos, ya que PSOE y PP pactaron su reforma en 2011; ni a los ciudadanos, que se quejan de largas esperas y múltiples ineficiencias; ni siquiera a los 4.500 trabajadores encargados de su gestión, que lamentan su saturación y la falta de medios con la que lidian a diario.
Pues bien, ese acuerdo político se plasmó en una reforma legal que concluyó entonces que el registro debía reformarse, ya que no era de recibo que solo en los expedientes de nacionalidad se acumularan años de retrasos. Sin embargo, esa nueva ley establecía al mismo tiempo lo que se denomina una vacatio legis de tres años, que no es otra cosa que dicho periodo para su entrada en vigor. Ese plazo expira el próximo mes de julio, por lo que el Ministerio de Justicia apenas tiene hasta junio, unas nueve semanas, para dar con la solución a un problema que amenaza con convertirse en otra fuente de conflicto con los funcionarios y empleados públicos dependientes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.
De las conversaciones que representantes de Justicia han mantenido hasta ahora con distintos cuerpos de la administración, parece que está claro qué se quiere hacer, pero no tanto con quién. El Gobierno quiere llegar a una solución de consenso, pero lo cierto es que después del desencuentro protagonizado con los registradores de la propiedad (que fueron quienes más cerca estuvieron de asumir la llevanza del Registro) se aleja esa posibilidad.
El objetivo del Gobierno es desjudicializar la gestión del Registro Civil, liberando de esta forma personal de los juzgados que en la actualidad desempeña algunos trabajos propios de este organismo. Fuentes de Justicia admiten que se lograría un doble objetivo: modernizar el servicio del Registro y descongestionar los juzgados. Si no hay acuerdo con ninguno de los colectivos que se han barajado hasta el momento como idóneos para asumir esta competencia (registradores, notarios, secretarios judiciales e incluso algunos funcionarios del ámbito municipal), Justicia podría otorgar la llevanza del Registro Civil por decreto a uno de ellos, sin necesidad de que exista acuerdo previo.
Sin embargo, la intención es agotar ese plazo disponible. ¿Por qué no ha sido posible hasta ahora el pacto? El Ejecutivo siempre advirtió que existían dos líneas rojas que no debían traspasarse: la reforma no podía suponer que el ciudadano pasara a pagar por servicios que ahora eran gratuitos y la nueva gestión del registro no supondría pérdida de empleo público.
Tal y como confirman a CincoDías fuentes conocedoras de las negociaciones, en el segundo aspecto nunca hubo problemas, ya que estaba previsto que se hiciera cierto trasvase de parte de esos 4.500 funcionarios que en la actualidad gestionan el Registro al colectivo que finalmente asumiera el control del servicio. Sin embargo, a la hora de abordar el coste del proyecto, las discrepancias con los registradores de la propiedad se han probado, hasta ahora, insalvables.
Desde Justicia argumentan que este colectivo dispone de los medios humanos y técnicos (soportes informáticos) para poder asumir la gestión del Registro Civil y defienden que igual que el resto de empleados públicos ha hecho sacrificios, ellos los tendrán que hacer. “Con la mayor eficiencia que van a conseguir, ahorrarán costes y, por tanto, obtendrán un beneficio”, argumentan fuentes del Departamento de Ruiz-Gallardón.
Por su parte, fuentes de los registradores siempre mantuvieron clara su postura: “nosotros no nos hemos negado a asumir la gestión, entre otras cosas porque no podemos y acataremos la decisión final, sea cual sea”. “Solo hemos planteado la necesidad de que para hacer el nuevo servicio económicamente sostenible es necesario empezar a cobrar por aquellos documentos que no son obligatorios, como la inscripción del régimen económico de los matrimonios, un cambio de nombre o incluso la nacionalidad”, añaden las mismas fuentes.
Así, los certificados de nacimiento y defunción y todos aquellos considerados obligatorios para la tramitación de determinados documentos (el 85% de la actividad), como el DNI, seguirían sin costar nada al usuario, sostienen desde los registradores.

Una vez generada la confrontación política, el tema se solucionará inmediatamente para evitar el desgaste político. Ya queda nada:

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/932915/la-oposicion-insta-a-gallardon-a-aclarar-de-una-vez-el-culebron-sobre-la-competencia-del-registro-civil

la voz libre escribió:La oposición insta a Gallardón a aclarar de una vez el "culebrón" sobre la competencia del Registro Civil
Europa Press
martes, 10 de junio de 2014, 15:31
El PP dice que los registradores son funcionarios públicos y que la ley del PSOE tenía una memoria de impacto presupuestario insuficiente

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Grupos de la oposición, como el PSOE, la Izquierda Plural o el PNV, han instado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a "aclarar de una vez el culebrón" sobre a qué colectivo entregará la gestión del Registro Civil y han censurado que haya encargado a El Corte Inglés un inventario sobre los libros que alberga.

Así lo han expuesto en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que ha rechazado dos proposiciones no de ley presentadas por el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pidiendo garantizar el carácter "universal, público y gratuito" del Registro Civil y no expropiar a los juzgados de paz de estas funciones.

Los 'populares' Francisco Molinero y Beatriz Escudero han justificado el rechazo del PP en que están hablando de "hipótesis" y en que la memoria de impacto presupuestario de la ley socialista, que desjudicializaba el Registro Civil, reflejaba una insuficiencia que dificultaba su desarrollo.

El PP ha recalcado que el propio Ministerio de Justicia ha garantizado la gratuidad de este servicio, que será encomendado a funcionarios públicos. En este sentido, han defendido que los registradores también lo son por mandato de la Ley Hipotecaria.

LOS REGISTRADORES NO DEPENDEN ORGÁNICAMENTE DEL MINISTERIO

Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarria ha refutado este aspecto al indicar que los registradores no dependen orgánicamente del Ministerio y ha cuestionado que Gallardón sepa a quién encomendar el Registro Civil.

Algo sobre lo que también han dudado la socialista Laura Seara, que ha tildado de "esperpento" la situación en la que se encuentra la reforma del Registro Civil y ha llamado "frívolo y egocéntico" al ministro, a quien ha acusado de estar "obsesionado con todo lo que suene a público".

En este sentido, ha criticado duramente que Justicia haya encargado al servicio informático de El Corte Inglés un inventario sobre los libros del Registro Civil, con datos ofrecidos por los propios funcionarios. "La conclusión es muy fácil: El Corte Inglés cobra y el trabajo lo hace el fucionario", ha remachado.

El PSOE ha advertido de que esto da lugar a situaciones "kafkianas" como que los funcionarios tengan que medir con cintas métricas el grosor de todos los tomos y ha mostrado sus sospechas de que sea "otro paso previo a la privatización" del Registro Civil.

Por su parte, el portavoz en Justicia de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha instado al Ministerio a garantizar el mantenimiento de las competencias de los juzgados de paz en Registro Civil y ha denunciado que el Gobierno haya abierto "un periodo de saldos" sobre un servicio que maneja información delicada sobre la intimidad de los ciudadanos.

Los Registros Civiles guardan información sobre la identidad de personas transexuales, las adopciones, los divorcios o las incapacidades. "Pido que aclaren de una vez el culebrón en el que se ha convertido la aplicación de la Ley del Registro Civil de 2011", ha concluido Llamazares.

LOS REGISTRADORES MERCANTILES.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-registradores-mercantiles-aseguran-no-hay-trampa-carton-asuncion-registro-civil-sera-gratis-total-20140625185551.html

Nota de Prensa del Ministerio de Justicia:  
Pleno del Senado
Ruiz-Gallardón anuncia que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil y mantendrán la gratuidad para el ciudadano
 Estos funcionarios se encargarán de desarrollar una plataforma electrónica que será de titularidad pública y evitará los desplazamientos y las colas en los registros
 La ley hará mención expresa a la gratuidad de las inscripciones y certificaciones
 Justicia garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en el territorio Ministerio
 La ley de 2011 se prorrogará para desarrollar la nueva organización del Registro y la plataforma digital y así afianzar el correcto funcionamiento de la nueva estructura
 La reforma permitirá asegurar oficinas del Registro Civil en todas las capitales de provincia y no sólo una por Comunidad Autónoma como preveía la ley de 2011
24 de junio de 2014.-
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado esta tarde en el pleno del Senado que el Gobierno ya ha tomado una decisión respecto a quiénes serán los encargados del Registro Civil. La Ley 20/2011, del Registro Civil, aprobada por el PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero sin determinar qué funcionario se haría cargo de ello.
Finalmente, se encomendará esta gestión a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles, y que, en línea con el objetivo anunciado por el Ministerio, tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano.
El Ejecutivo se ha decantado definitivamente por este colectivo frente a los registradores de la propiedad o los secretarios judiciales por tres razones principales: su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital y su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio, la gratuidad de los trámites para los ciudadanos.
Los registradores mercantiles se encargan ya de un registro muy similar al modelo que quiere establecer el Ministerio y que ya apuntaba la ley de 2011, que se basará en las personas y no en los actos que deban ser inscritos. Actualmente, los registradores mercantiles -que según los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario tienen carácter de funcionarios públicos, dependientes del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado- se encargan de la llevanza de registros de personas jurídicas y con la puesta en marcha de esta reforma asumirán también los de las personas físicas.  
La reforma ahora anunciada continúa con el espíritu de la ley de 2011 para tratar de frenar los problemas que plantean los registros civiles, cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros o en el hecho de que en algunos casos se estén dando citas para 2019. Situaciones como éstas explican por qué estos órganos acumularon en 2012 uno de los mayores porcentajes de quejas presentadas contra la Administración de Justicia, hasta un 44%, según la Memoria del año 2013 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Para paliar estas disfunciones y garantizar un servicio público efectivo, el Ministerio considera indispensable dar un paso más en la informatización de los datos y aparcar el papel. Por eso los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona, no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción). El tratamiento de los datos de esta plataforma de gestión pública tendrá un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes para garantizar la privacidad de los mismos y el Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado.  
Gracias a la interoperabilidad entre Administraciones que permitirá este sistema informático, el 85% de las certificaciones que se expiden actualmente en el Registro Civil, unas tres millones al año, serán innecesarias y evitarán que el ciudadano tenga que acercarse físicamente al registro a realizar sus trámites.
Tras analizar en profundidad los problemas reales de ejecución que presenta la ley aprobada en 2011, se ha decidido incluir algunas modificaciones, motivo por el que su entrada en vigor inicial,  prevista para el próximo 22 de julio, se prorrogará en los próximos días.
Gratis total para el ciudadano
Entre los cambios que se introducirán figura la gratuidad tanto de las inscripciones como de las certificaciones que se realicen, una circunstancia que la ley de 2011 no garantizaba. De hecho, a la hora de decidir quién se haría cargo del Registro Civil, una vez que en cumplimiento de esa ley quedara desjudicializado, también ha pesado que los registradores mercantiles asumirán esta responsabilidad aceptando que todos los trámites serán gratuitos, algo a lo que no pudo comprometerse el Colegio de Registradores en su día porque las circunstancias de los mercantiles y los de la propiedad son distintas.
La reforma también da un paso más sobre la ley de 2011 respecto a la cercanía de estos servicios al ciudadano. Pese a apostar por un verdadero desarrollo informático que permita al ciudadano no tener que desplazarse al Registro Civil, se garantizará que haya una oficina en cada capital de provincia, mientras que la ley que debería entrar en vigor sólo fijaba una por cada Comunidad Autónoma. La reforma, además, completa el mapa del Registro Civil estableciendo que allá donde no exista un registro mercantil, las notarías o las oficinas de los juzgados de paz que con la modificación de la LOPJ quedarán integradas en los ayuntamientos desarrollarán labores del Registro.
El nuevo modelo del Registro Civil permitirá también que los jueces, secretarios y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasen a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional, lo que reforzará la Administración de Justicia. El Ministerio se ha comprometido desde el inicio de la legislatura a mantener el empleo existente, incluido el personal interino, dentro del territorio que es de su competencia. Y así se les ha comunicado a los sindicatos en las reuniones mantenidas con ellos.

REACCIONES:

NOTARIOS Y REGISTRADORES: Nota de redacción: Gratis para el ciudadano. Pero a costa de los que lo han de llevar, incluidos los empleados, porque no sólo van a tener que trabajar sin remuneración por las labores del Registro Civil sino que han de pagar los medios con los que prestar el servicio. ¿Con qué calidad se va a prestar un servicio que no sólo no tiene contraprestación sino que encima le cuesta al que lo presta? Políticamente, se rompe en consenso que tuvo la Ley de 2011.

Señores notarios y registradores, saben muy poquito de derecho laboral, nadie trabaja GRATIS, la esclavitud no existe ni siquiera en su especial régimen regalado por la doctrina judicial. No se equivoquen toda persona que trabaje para un registrador tiene derecho a un salario, aunque la saca no dé para el 60%, ya se irán enterando uds. de que la gente por ser trabajadora no es gilipollas. Y, ¿Dónde estaban sus reseñas a los empleados cuando el colegio negociaba y quería pasta, pero a través de ingresos no compartidos con los empleados?.

COLEGIO DE REGISTRADORES: Madrid, 24 jun (EFE).- El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado hoy su "absoluta disconformidad" con el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de asignar a los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil.

En un comunicado, el colegio se suma así a las críticas de los sindicatos CCOO y CSI-F al anuncio de Gallardón en el Pleno del Senado, donde ha afirmado que el Gobierno presentará en breve una propuesta para encomendar la gestión de estos órganos a los registradores mercantiles que, además, mantendrá la gratuidad para el ciudadano.

"La decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia", advierte este colectivo.

En su opinión, el anuncio del ministro pone de relieve el "desconocimiento" de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente tanto Registros de la Propiedad como Registros Mercantiles.

Estos bobos ya se han vuelto a gastar el dinero en otro bufete, o en el mismo, para tener un posible recurso ante Europa. Hay que ser necio cuando desde Europa se pidió que les funcionarizaran directamente, pero bueno, a lo mejor ahora ya es eso lo que quieren.

Asimismo, manifiesta su "preocupación y malestar" por la forma de proceder del Ministerio que puede provocar "un cisma en el cuerpo de registradores", sin tener en cuenta distintas propuestas presentadas por esta institución que "respondían a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil".


Este párrafo muestra una hipocresía y una desfachatez indecentes. Sinceramente, para ser los paladines de las demandas de los ciudadanos, hubieran de haber aceptado que ese servicio del Estado debe seguir siendo gratis, lo demás son gilipolleces y demagogia barata....

Por último, los registradores lamentan que una decisión de este calado no se haya adoptado "con el mismo consenso jurídico y político" con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011 cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza.

(Agencia EFE)


REGISTRADORES MERCANTILES Y SUS MISTERIOSOS REPRESENTANTES DE TODOS SUS EMPLEADOS: MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los registradores mercantiles han asegurado que "no hay trampa ni cartón" en la decisión del Ministerio de Justicia de cederles la gestión del Registro Civil y que este será "totalmente gratis" para el ciudadano y para la Administración, según informaron a Europa Press varios de los registradores contactados por el departamento ministerial.

Los trabajadores que prestan servicios en los registros mercantiles explican que para ellos es un "orgullo" la confianza que el Gobierno ha depositado en ellos y en su experiencia, que ha quedado contrastada en la gestión de la información de las personas jurídicas. "Solo pedimos que el público valore nuestro sacrificio", dicen.

Yo no sé quiénes publican estas "notas de prensa", pero sería muy interesante saber quiénes han dicho ésto, todos los trabajadores gritando al unísono en una asamblea del registro mercantil o uno con trajecito que estaba junto con el registrador del mercantil que ha redactado la nota y que a continuación ha besado la mano de su don para salir a porculizar un poquito más a sus chicos antes de marcharse a jugar al golf con su jefe... En fin, que los trabajadores del mercantil, como los de Madrid, tienen lo que se merecen.... Chicos estoy deseando leer vuestro convenio colectivo, seguro que mejora los mínimos y ayuda a los de abajo... SEGURO.

En este sentido, el colectivo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ante las críticas de la posible "privatización" del Registro Civil y han aseverado que no recibirán ninguna vía de financiación directa o indirecta del Estado, ni en forma de subvenciones ni a través de una partida con cargo a los Presupuestos Generales.

"Al Estado le sale gratis", ha afirmado una de las personas a las que Justicia manifestó su convencimiento de que formaban el colectivo idóneo para realizar estas funciones. Las interlocuciones con el Colegio de Registradores ya estaban rotas al pedir una contraprestación para poder soportar este servicio público.

DESEMBOLSO A CARGO DE LOS REGISTRADORES

De hecho, los registradores mercantiles manifiestan que harán una inversión para poner al día la plataforma digital que gestionará los datos de los ciudadanos y que tendrá titularidad pública. No han querido cifrar la cuantía exacta de este desembolso, pero recalcan que serán ellos los que pongan "máquinas, personal y programas" para su uso.

Confían en que su buen hacer en la gestión de las personas jurídicas, esta plataforma digital y la interoperabilidad entre Administraciones Públicas que llevará aparejada ayudará a acabar con el colapso y las largas filas que se forman en los registros civiles, que provocan un 44 por ciento de las quejas recibidas contra la Administración de Justicia.

Los registradores precisan que no parten de cero puesto que tienen una plataforma similar en lo mercantil y que se deberá estudiar la forma más adecuada y eficiente de aprovechar los recursos.

Con todo, defienden que son funcionarios públicos con vocación de servicio al ciudadano y consideran anecdótico que el presidente del Gobierno sea registrador de profesión. En este sentido, niegan que exista trato a favor puesto que lo asumirán sin contraprestaciones.

Estos trabajadores forman parte de un único Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles pero desempeñan servicios en registros mercantiles. El Colegio defiende que los órganos representativos los forma el decano, la junta de gobierno y la asamblea general de decanos territoriales, según ha informado a Europa Press.

Llamar a los registradores "trabajadores" es sintomático de que estas notas de prensa NO SE CORRIGEN.

SINDICATOS CCOO Y CSIF -adscrito el SIOYA-:

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha convocado huelga en el sector de la Justicia en toda España tras anunciar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil.

En un comunicado, el sindicato ha censurado este "nuevo paso en la privatización de la Administración de Justicia" y la actuación "cínica y desleal" del ministro al no haber convocado nunca una mesa sectorial de negociación "para tratar de forma seria y con objetividad" sobre los Registros Civiles.

Para CCOO, esta decisión de Gallardón busca "reforzar una profesión que se encuentra en entredicho" por la Unión Europea y "entre cuyos profesionales se encuentra personal designado a dedo por el propio ministro en el gabinete del cual es titular".

Finalmente, ha recriminado al titular de Justicia que mienta al anunciar que esta privatización será sin coste para la sociedad y sin pérdida de puestos de trabajo. "Los ciudadanos y ciudadanas acabarán pagando por un servicio que en la actualidad es público y gratuito, y más de 5000 puestos de trabajo pueden verse suprimidos", ha advertido.

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha mostrado este martes su rechazo al anuncio "sorpresivo" del Ministerio de Justicia de ceder las competencias del Registro Civil a los registradores de lo mercantil y anunciado de que dará una respuesta "contundente".

CSI-F, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, analizará mañana las medidas a adoptar para defender los intereses de los empleados públicos al entender que la medida de Justicia los "desprecia" en una de las tareas que tienen atribuidos desde la creación de estos registros, "en la que son los únicos y verdaderos especialistas".

Según el sindicato, esta medida supone "regalar" a los Registradores mercantiles cientos de millones de euros invertidos en la digitalización de inscripciones registrales y en la implantación del sistema informático INFOREG en los últimos años.

CSI-F ha denunciado la negativa del Ministerio de Justicia a reformar la ley para poder utilizar al máximo esta herramienta informática como una alternativa viable y eficaz que permitiría aprovechar el capital humano del Ministerio de Justicia.

PÉRDIDA DE MILES DE EMPLEOS

También avisa ante la pérdida de "miles" de puestos de trabajo en la Administración de Justicia porque las garantías que ofrece el Ministerio carecen de credibilidad y, además, no afecta al personal destinado en las comunidades autónomas con competencias en materia de gestión de la Administración de Justicia.

Este sindicato sostiene que serán los ciudadanos quienes paguen por el servicio. "En primer lugar, porque los expedientes registrales que ahora son gratuitos quedan fuera del compromiso de gratuidad y, en segundo lugar, porque no nos cabe la menor duda de que con el tiempo aparecerán los aranceles por inscripción y por certificación o se inventarán nuevos conceptos sobre los que repercutir el coste del servicio o disponiendo vías indirectas de financiación a través de subvenciones, ayudas o convenios", concluyen.

Quisiera ir desengranando entre nosotros las anteriores y recientes noticias, para intentar encontrar algún atisbo de racionalidad y lógica en las mismas ya que existen evidentes incoherencias y contradicciones, y sobre todo, una absoluta opacidad para con nosotros, los trabajadores de los registros de la propiedad.

Por ello, lo primero es que tengo que lamentar que el cisma generado entre los registradores también ha llegado a los empleados, ya que no me siento representado por los “trabajadores del registro mercantil”, que de espaldas a nosotros han realizado unas declaraciones y adoptado una actitud que seguramente rige sus intereses, respetables pero evidentemente ya diferenciados de los nuestros. Hace meses hice una invitación a los empleados del mercantil, concretamente a los del de Madrid, ya que se veían movimientos de presión empresarial para hacer un convenio colectivo, que podríamos llamar “amarillito” rebajando las condiciones del actual –cosa impensable para sus críticos- y adecuándolo a los estatus estamentales generados en ese concreto lugar, en el que el dinero mana a chorros, o está manando…, ya veremos…, ya que dudo mucho que las cuentas de todo “esto” se les hayan presentado, aunque no me cabe la menor duda de que los trabajadores que han realizado esas “declaraciones” tienen un buen puesto de trabajo con un buen sueldo durante mucho tiempo.

En primer lugar, el ministro, que no es ningún cateto ha dicho “Estos funcionarios se encargarán de desarrollar una plataforma electrónica que será de titularidad pública y evitará los desplazamientos y las colas en los registros. La ley hará mención expresa a la gratuidad de las inscripciones y certificaciones. Justicia garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en el territorio Ministerio. La ley de 2011 se prorrogará para desarrollar la nueva organización del Registro y la plataforma digital y así afianzar el correcto funcionamiento de la nueva estructura. La reforma permitirá asegurar oficinas del Registro Civil en todas las capitales de provincia y no sólo una por Comunidad Autónoma como preveía la ley de 2011”.

Bien, si bien los registradores mercantiles han venido rápidamente a aclarar que son registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, lo que evidentemente y con el precedente de lo que pasó con bienes muebles, no impediría que la gestión del registro civil se llevara sólo en oficinas mercantiles, el ministro para evitar vicios de legalidad típicos ha hablado de que LA LEY … de REFORMA. Evidentemente esta técnica no es un desarrollo reglamentario y para evitar la viabilidad de recursos judiciales por tratar con carácter reglamentario aspectos que sólo pueden regularse y cambiarse por LEY, se ha decidido, dada la oposición del colegio a redactar una reforma del registro civil, separandola de la demarcación, pero con aplicación inmediata de la segunda. La otra tendrá un desarrollo más lento, pero dudo que no la tengan antes de finalizar la legislatura, ya que asigna recursos al auténtico proyecto estrella de Gallardón la reforma de la demarcación judicial y nueva LOPJ. Este desarrollo podría coincidir, o no, con un criterio unificador de las agrupaciones, ya que el desarrollo a lo largo de 3 años de las mismas de manera automatizada y no reglada, puede hacer que existan graves incorrecciones prácticas en su desarrollo –no tiene sentido que Madrid sur salga y tarde Madrid norte en salir 2 años más…-. En ese sentido, supongo que el consejo de Estado hará alguna indicación, como ya las hizo en el anterior desastroso y vergonzoso proyecto de demarcación que contó con la coautoría de los ahora indignados registradores.

Respecto a la financiación, la noticia es que la financiarán ellos mismos –los registradores mercantiles- pero es que viendo el proyecto de demarcación, teniendo en cuenta todos los registros que se agrupan y todas las plazas que van a quedar vacantes, y teniendo en cuenta que este nuevo servicio va a hacer innecesario “amortizar” plazas de registrador, es lógico pensar que la desproporción que existía entre registradores dedicados a propiedad y a mercantil-civil va a variar tremendamente. Por otra parte la agrupación de registros y la amortización de plazas de civil no tiene porqué dejar de provocar disminución de ingresos por interinidades, ya que las mismas seguirán existiendo en las comunidades cuando alguno concurse, ahora bien, lo que se genera es un nuevo marco de inestabilidad debido a que la subrogación convenida sólo interesará en los registros unipersonales, un marco laboral muy, pero que muy interesante.

Además el colegio ya ha filtrado: “El dinero saldrá de las cuotas que paga cada registrador, sobre los ingresos del Registro, al Colegio de Registradores para que les dé servicios para poder desempeñar sus labores funcionariales, según confirmaron ayer a elEconomista fuentes del Ministerio de Justicia”.

El destino de la cuota, es por tanto el que regulan los estatutos del colegio, sin contar con la existencia de CREE…


Respecto al personal:

En primer lugar, os recuerdo que nosotros nos examinamos de todo, somos oficiales o auxiliares de todo, y que por lo tanto, debemos tener capacidad para adecuarnos a los nuevos tiempos.

En este sentido, trabajar a cambio de un sueldo, con indiferencia de la actividad asignada, todos estaríamos de acuerdo con la gente del mercantil. Me explico, si estamos en nuestras oficinas es para TRABAJAR y por ello recibir un SALARIO, cada uno en función de sus propias expectativas, DIGNO. Sin entrar en lo que se ha ganado, se está ganando o se va a ganar, lo cierto es que el chorreo de la caída de la burbuja y el nuevo convenio ha reducido diferencias salariales en la mayor parte de los registros, y que la DGRN ha negociado, no pensando precisamente en nosotros, la asunción de nuevas funciones para intentar mantener el actual sistema registral. Si sabemos que registradores han formulado la reforma y otros se oponen, tenemos una lucha interna en la que somos sinceramente un “coste amortizable”.

Pero ello no significa que la redacción de notarios y registradores pueda permitirse el lujo de ahora acordarse de nosotros y soltar su “a costa de los que lo han de llevar, incluidos los empleados, porque no sólo van a tener que trabajar sin remuneración por las labores del Registro Civil sino que han de pagar los medios con los que prestar el servicio”. Esta demagógica llamada a la rebelión de la plebe conlleva un evidente desprecio por la legislación laboral moderna. Señores, tengo que recordarles que ya no existe una “especial dedicación” sino una relación laboral pura en la que uds, reciben nuestro trabajo a cambio de un sueldo, existiendo ya un salario mínimo miserable. Que es lo que van a intentar pagarnos en los próximos 2 años…, seguro. Que entonces será cuando probablemente la plebe diga que “por los cojones”, quizá.

Pero esta demagogia surge a la inversa pero igualmente de la parte sindical, a CCOO se le hinchan los mofletes cuando dicen “el ministro…mienta al anunciar que esta privatización será sin coste para la sociedad y sin pérdida de puestos de trabajo. "Los ciudadanos y ciudadanas acabarán pagando por un servicio que en la actualidad es público y gratuito, y más de 5000 puestos de trabajo pueden verse suprimidos", ha advertido”…. Otra vez estamos en las mismas, si hay 5.000 personas trabajando, seguro que no desarrollan su actividad por “amor al arte”. Por tanto, de GRATIS, nada, y lo sabemos todos. Evidentemente, CSIF viene a reclamar lo mismo soltando que en el fondo existe un nuevo arancel –se nota que SIOYA  les informa de los rumores…-, pero en todo caso, ambos sindicatos intentan la defensa de unos puestos de trabajo a amortizar que generarán puestos de trabajo y con evidente intención de que sean menos y más precarios en los registros mercantiles. Por eso, entre otras razones, no va a haber negociación alguna con los sindicatos ya que parte de la viabilidad del proyecto requiere, no sólo absorber recursos compartidos colegiales, sino abaratar costes despidiendo a los caros y contratando eventuales baratos.

Es evidente, que una vez voy conociendo el mundo sindical, se les dirá eso de “no estamos aquí para abaratar despidos” desde los sindicatos que no cobran por realizar EREs, y que otros en cambio sacarán la calculadora y quizá asistamos a la entrada del sindicalismo de clase y tengamos nuestros primeros liberados a tiempo parcial en las grandes oficinas. Este futuro sindical es incierto y seguro que genera muchos intereses por parte de nuestros compañeros. Es la llegada del salario fijo, diga lo que diga el convenio, y de una realidad nueva en la que en un corto medio plazo estaremos inmersos.

Pero no quiero ser agorero.

Por último, dice CSIF: “También avisa ante la pérdida de "miles" de puestos de trabajo en la Administración de Justicia porque las garantías que ofrece el Ministerio carecen de credibilidad y, además, no afecta al personal destinado en las comunidades autónomas con competencias en materia de gestión de la Administración de Justicia”…

Esas garantías son: Gallardón ha asegurado que no se destruirá un solo puesto de trabajo, incluidos aquellos de los interinos que prestan servicios en el territorio Ministerio -las comunidades sin las competencias transferidas-, y que los empleados públicos pasarán a trabajar en juzgados de primera instancia.

Bien, la no destrucción de puestos de trabajo, no es la asunción de interinos en el territorio del ministerio, ni implica ni deja de implicar la asunción de los mismos en parte o totalmente por los registradores, pero sí lo es que los empleados públicos pasarán a trabajar en juzgados de primera instancia, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. Teniendo en cuenta esto, se les ha garantizado plaza en juzgados a todos los interinos dependientes del ministerio. La locura está servida, empieza a vislumbrarse que la lógica y la reforma derivan para una transición organizativa y funcional, que parte deberían haber sido contratados por los mercantiles como especialistas con una rebaja de condiciones laborales muy importantes para ellos. Y otro tanto, debería haber sucedido en las comunidades con competencias, dependiendo de lo que en su lugar se les ofrezca y sabiendo que la posibilidad de extinción del contrato por la desaparición del servicio está recogida legal y doctrinalmente.

Es evidente que la chapuza del programita para nacionalidades, es un grave precedente, pero la materia y especial naturaleza de los datos del registro civil van a generar determinadas garantías legales y formales que harán que la contratación para la llevanza del mismo sea objeto de un detenido examen. Ni todos, ni de cualquier manera van a poder manejar esas bases de datos, y estaremos ante un nuevo nivel de especialización que seguro que es muy generosamente retribuido… Es ironía, lógicamente.

Al complejo organigrama de oficinas, cabe añadirle: “ La reforma, además, completa el mapa del Registro Civil estableciendo que allá donde no exista un registro mercantil, las notarías o las oficinas de los juzgados de paz que con la modificación de la LOPJ quedarán integradas en los ayuntamientos desarrollarán labores del Registro.”.

Por otro lado el Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil ya en el Congreso, también prevé que la inscripción de los recién nacidos se realice directamente en los centros sanitarios, sin necesidad de que los padres se desplacen físicamente al Registro Civil. Para la inscripción de los bebés, los padres, asistidos por los facultativos que hayan asistido al parto, firmarán el formulario oficial de declaración al que se incorporará el acreditativo del nacimiento y que será remitido al Registro Civil desde el propio hospital. En el caso de que no se pudiera realizar la inscripción por este sistema de ventanilla única, la Ley prevé que se pueda realizar por el método tradicional en los días siguientes o, en su defecto, a través de un expediente registral. Las defunciones también se inscribirán en el Registro Civil. La certificación médica expresará la existencia o no de indicios de muerte violenta o de cualquier otro motivo por el que no deba expedirse la licencia de enterramiento o incineración.

Lástima que en una época de crisis y de reformas nuevamente hayamos tenido un gobierno elitista y autocomplaciente que de espaldas a la realidad que representan los trabajadores de los registros civiles y de propiedad, e incluso a la inmensa y sumisa mayoría del personal del registro mercantil, hayan realizado un proyecto que se desvía de su fin por intereses corporativos, claro que sabiendo que los secretarios querían ser registradores y cobrar tasas… En fin, que como dice el “amiguete” que nos gobierna, “menuda banda”…

Un saludo.

el economista escribió:Los responsables del Colegio piensan resistirse a esta medida, y argumentaron también, la colisión de las medidas adoptadas por el Ministerio con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que éste ha publicado sentencias en las que podría deducirse que no admite la doctrina que el dinero recaudado por un Registro Mercantil se use para otro distinto.

Así, los registradores citan, por ejemplo, la sentencia de 2 de diciembre de 1997, conocida como el caso Fantask. En ella se concluye que "la cuantía de los derechos percibidos por la inscripción registral de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada y de sus aumentos de capital debe calcularse únicamente sobre la base del coste de las formalidades correspondientes, teniendo en cuenta que esta cuantía también puede cubrir los gastos generados por las operaciones menores efectuadas gratuitamente".

Vamos a ver, el tribunal lo que fija es que los derechos ARANCELARIOS por una operación de inscripción debe calcularse sobre la base del coste de las formalidades. Estamos ante un supuesto divertidísimo, ya que viene a demostrar precisamente todo lo contrario de lo que estos memos pretenden. Esa sentencia viene a decir que los aranceles deben limitarse a cubrir los gastos del servicio público que se presta, por lo tanto, que estos cachondos, que han jugado con los ingresos del arancel de mil maneras distintas para derivarse el lucro a sus bolsillos, no deberían de ingresar más allá de los estrictamente necesario para realizar su función. Esa sentencia, que tenéis aquí:

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=Fantask&docid=43463&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=374001

Justamente lo que viene es a decir que el TRIBUTO que se cobra en Dinamarca por la inscripción mercantil debe controlarse para evitar que, siendo de naturaleza fiscal y permitir la libre circulación de capitales garantizada mediante la directiva alegada,  no refleje más que los costes de prestación del servicio.

Señores, esta sentencia serviría para ponerles a sueldo, eliminar el arancel y ponerles una tasa.... Mirenselo por que como sigan con estas genialidades ya les veo currando de verdad en las oficinas, cosa que no les va a venir mal, y a nosotros, sinceramente, ya nos da lo mismo, ya que hemos comprobado la absoluta falta de respeto de ambas facciones por el trabajo que desempeñamos.

Un saludo.

LOS REGISTRADORES MERCANTILES ASUMIRÁN LAS FUNCIONES DEL REGISTRO CIVIL

Los registradores se encargarán de desarrollar una plataforma electrónica de titularidad pública para procesar los datos. Hasta su pleno rendimiento, los jueces seguirán al frente de los Registros Civiles.
El coste de este sistema informático correrá a cargo de los registradores mercantiles y los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano. Se trata de evitar los desplazamientos y las colas actuales en los registros
Justicia garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en el territorio Ministerio. Habrá oficinas del Registro Civil en todas las capitales de provincia.
El Real Decreto Ley recoge, por otra parte, la modificación legal para que sean los registradores mercantiles quienes en el futuro se encarguen de la gestión de los Registros Civiles. El Real Decreto Ley reforma la ley de 2011 sobre registros civiles, en la que ya se dio luz verde a su desjudicialización e indica que en julio de 2015 entrará en funcionamiento una nueva plataforma digital para la tramitación de los certificados y expedientes.

Este plazo de un año es el que los registradores mercantiles estiman necesario para tener en funcionamiento esta plataforma electrónica de la que ellos mismos se harán cargo. El Ministerio de Justicia considera fundamental dar este paso hacia adelante en la informatización de los datos para solucionar los problemas que hoy tiene el Registro Civil y garantizar, así, un servicio público efectivo. Hasta que esté a pleno rendimiento, los jueces seguirán cumpliendo con esta función.

La creación de esta plataforma digital será financiada íntegramente por una nueva Corporación de derecho público formada por todos los registradores que están al frente de las oficinas mercantiles que se harán cargo de la llevanza del Registro Civil, de forma que no supondrá ningún gasto para las arcas públicas y tampoco para los ciudadanos, puesto que en el Real Decreto Ley aprobado hoy se dice expresamente que "continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo", una circunstancia que la citada Ley de 2011 no garantizaba.

Titularidad estatal de los datos

Si bien la gestión de los trámites pasará a engrosar las funciones de estos funcionarios públicos en las futuras Oficinas del Registro Civil y Mercantil, la titularidad de los datos del Registro Civil seguirá siendo estatal. Será el Ministerio quien diseñará durante este próximo año la organización íntegra del Registro y sus normas de funcionamiento; y el Estado asegurará que el procesamiento de los datos y la plataforma cumplen con los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad y la Ley Orgánica de Protección de Datos, incrementando las medidas de seguridad existentes para garantizar la privacidad.

El contenido de la estructura y el funcionamiento del futuro Registro Civil se desarrollarán en otra norma complementaria que se presentará en los próximos días. En él se especificará, tal y como dice el Real Decreto Ley aprobado hoy, "el régimen del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado actualmente en el Registro Civil". Los jueces, secretarios judiciales y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasarán a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional, reforzando así la Administración de Justicia, y el Ministerio se comprometerá en ese próximo texto a mantener el empleo de los funcionarios e interinos adscritos al territorio que es de su competencia.

I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
7064 Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.



Disposición adicional decimonovena. Prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011,
de 21 de julio, del Registro Civil.
La Ley 20/2011, de 21 de julio, en la parte que al día de la publicación de este Real
Decreto-ley no hubiera entrado en vigor, lo hará el día 15 de julio de 2015.
Disposición adicional vigésima. Llevanza del Registro Civil.
A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el
Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que
en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su
competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil y
Mercantil.
Disposición adicional vigesimoprimera. Gratuidad del servicio público.
A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, la
prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita,
sin excepción de ningún tipo.99.
Disposición adicional vigesimosegunda. Otras modificaciones de la Ley 20/2011, de 21
de julio.
El Gobierno promoverá, en el plazo más breve posible, las modificaciones de la
Ley 20/2011, de 21 de julio, necesarias para su adecuación a la llevanza del Registro Civil
por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su
cargo las oficinas del Registro Mercantil, incluyendo las reglas de competencia para la
inscripción de los hechos y actos que deban acceder al Registro Civil y el régimen del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado actualmente en el Registro Civil.
Disposición adicional vigesimotercera. Uniformidad de los sistemas y aplicaciones
informáticas en las Oficinas del Registro Civil.
1. Todas las Oficinas del Registro Civil, incluidas las Consulares, utilizarán un único
sistema informático y una misma aplicación, que estará en funcionamiento antes del 15
de julio de 2015, y que serán aprobados por la Dirección General de los Registros y del
Notariado.
El indicado sistema y aplicación estará sujeto al cumplimiento de los niveles máximos
de seguridad y demás requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los Esquemas Nacionales de
Seguridad e Interoperabilidad y demás normativa de seguridad que les sea aplicable
atendiendo a la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad de
los datos.
2. La contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión
y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato
electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones se realizará por la Corporación
de Derecho Público que se crea por esta disposición. Dentro de los tres meses siguientes
a la publicación de este Real Decreto-ley, la referida Corporación formalizará los contratos
relativos al sistema informático necesario para la gestión integrada y completa del
Registro Civil, realizando con posterioridad la contratación de las necesarias adaptaciones
o actualizaciones del mismo.
No obstante, la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la
empresa pública «Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.» u otro medio
propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia:
a) El inicio del expediente y la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir los referidos contratos.
b) Seleccionar los contratistas y adjudicar los contratos.
El abono del precio, incluido el derivado de la prestación de los servicios permanentes
que correspondan, será satisfecho íntegramente por la Corporación de Derecho Público a
que esta disposición se refiere.
A los efectos de esta disposición, los registradores que en cada momento resulten
responsables de la llevanza de los Registros Civiles y Mercantiles quedarán integrados
en la indicada Corporación de Derecho Público, encargada de la contratación del sistema
y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización; dicha Corporación,
tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de
sus fines, administrando a tal fin su propio patrimonio separado. A estos efectos, los
aranceles que perciban los registradores quedarán afectados a la cobertura directa de los
gastos que imponga la creación y gestión de la Corporación, como parte de los generales
de funcionamiento y conservación de las oficinas. Reglamentariamente se determinarán
la estructura y órganos de la Corporación a la que se refiere la presente disposición, así
como el régimen de aportación, por los registradores integrados en la misma, de las
cuotas necesarias para el adecuado sostenimiento de la misma, sobre el principio de
distribución de los gastos entre los citados registradores, en proporción al número de
operaciones registrales realizadas por los mismos.

«Disposición transitoria octava. Régimen transitorio del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en el Registro Civil.

Hasta que los libros y documentos registrales de cada oficina no sean trasladados al centro o centros de conservación y archivo a que se refiere la disposición transitoria sexta, momento en que se producirá la clausura de la Oficina del Registro Civil dependiente de la Administración de Justicia, el personal funcionario al servicio de aquella Administración que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, esté prestando servicios con destino definitivo en los Registros Civiles Únicos, allá donde los hubiere, o tenga asignadas funciones de registro en las oficinas judiciales con funciones de Registro Civil, continuará desarrollando sus funciones respectivas y percibiendo la totalidad de sus retribuciones.
Trasladados los libros y clausurada la oficina, los funcionarios, mediante un proceso de reordenación de efectivos, serán destinados a las vacantes de los órganos judiciales o en su caso fiscales, dentro de la misma localidad. En el caso de no haber suficientes plazas vacantes se procederá a la modificación de las plantillas o en su caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo, previa negociación con las centrales sindicales en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia »


Para ello se abrió una mesa de negociación con los sindicatos, que de momento está así:

El preacuerdo sobre LOPJ firmado por CSIF, UGT y STAJ garantiza el 70% de los puestos de trabajo amenazados por la privatización del Registro Civil al mantener los Juzgados y agrupaciones de Paz.

El Ministerio de Justicia llevó una propuesta de Disposición Transitoria 8ª de dos párrafos en los en ninguno de los que aparecía dicha garantía sino más bien lo contrario (podeis consultar la disposición transitoria en nuestra web). Insisten en que sólo pueden garantizar los efectivos de su territorio pero no lo plasman por escrito. A este respecto, de persistir en su negativa a debatir propuestas alternativas, CSIF le dejó claro al Ministerio que:

Deben garantizarse el 100% de las plantillas tras el cierre de los Registros civiles en todos los ámbitos territoriales de forma que la suma de todos los puestos de trabajo antes y después no tenga diferencia alguna. Hay formas para hacerlo desde el acuerdo e incluso aplicando la ley.
Debe garantizarse la voluntariedad en los procesos de reordenación sin que puedan darse casos de movilidad forzosa fuera del municipio.
Durante el proceso transitorio deberán dotarse todas las plazas que queden vacantes. Es decir, no se podrá amortizar para luego crear plazas.
Aquéllos funcionarios que puedan quedar en excedencia porque hayan aceptado una oferta para trabajar en los nuevos Registros civiles deben tener una reserva de puesto de trabajo computándole el tiempo a efectos de antigüedad.
En aquéllos lugares donde haya oficinas judiciales de paz éstas tendrán funciones de Registro civil con carácter exclusivo.

Quedaba una duda enorme en el desarrollo del sistema, y ahora se ha resuelto definitivamente, ahora conocemos en su totalidad el proyecto de implantación de la reforma del Registro Civil. Ciertamente, existía una duda lógica práctica en su implantación. La asunción directa de ese Registro es organizativamente imposible, y por eso quedaba ver cómo se haría la transición. Ahora es evidente. En el siguiente artículo, el subsecretario de Estado nos aclara qué va a suceder. Es sencillo, el sistema lo asumen nominalmente los registradores mercantiles en julio de 2015, pero hasta enero de 2.017, tienen una titularidad fingida ya que el sistema lo seguirán llevando en los juzgados, con personal judicial, e incluso con jueces, luego, ciertamente es muy divertida la implantación del Registro Civil electrónico, lo trabajan en los juzgados, lo prepara el personal de justicia, y cuando todo esté hecho, lo llevarán los registradores y su personal que empiezan a hacer actuaciones en 2015, pero "auxiliados" por los juzgados que siguen siendo los que actúan auxiliando en lo "necesario" y en todo caso haciendo los "certificados", básicamente la atención al público queda en sus manos y los registradores se ponen a hacer la tarea interna para ver y aprender bajo el paraguas funcionarial. Evidentemente, los registradores se libran de pagar los sueldos por el trabajo de los funcionarios, y se les facilita la implantación del sistema, su escaneo, el trabajo de certificar durante años y el trabajo de depurar el sistema con mano de obra funcionarial y bajo la dirección de jueces y secretarios, que inicialmente no se liberan de la tarea. Vamos que durante esos añitos para que los registradores asuman nominalmente una función que no desempeñan realmente, los recursos de la administración de justicia van a estar a su servicio... Es divertidísimo. Y desde el Colegio encima querían pasta..., menuda gentuza son todos. Esto es más que privatizar, es derivar recursos públicos a favor de particulares, recordemos que los registradores no se cansan de decir en todos los juzgados de lo social que son "empresarios"... En fin.

El texto del artículo:

el pais escribió:El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley por el que se delega en los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil, que ahora llevan los jueces. Ese cambio de manos (solo de gestión, porque la titularidad seguirá siendo pública) se hará en varias fases: hasta julio de 2015 todo seguirá igual, mientras se desarrolla una nueva plataforma tecnológica para informatizar los trámites; entre julio de 2015 y enero de 2017, los registradores se harán cargo de las nuevas inscripciones pero los jueces y funcionarios judiciales continuarán expidiendo las copias de certificados antiguos y colaborando en la reorganización del servicio. A partir del 1 de enero de 2017, el Registro Civil será íntegramente gestionado por los registradores mercantiles, según ha explicado el subsecretario de Justicia, Juan Bravo. Todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano.

El Registro Civil, donde los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, etcétera, realiza 3,3 millones de trámites al año. De las 5.600 personas (440 jueces, cerca de 400 secretarios judiciales y 4.800 funcionarios judiciales) que lo gestionan ahora se pasará a una plantilla de apenas 1.600: los 120 registradores mercantiles que hay en España y su personal contratado. Y de 440 oficinas se pasará a 60. Bravo sostiene que eso no será un problema: alega que, al informatizar el servicio, todo se agilizará. De hecho, el compromiso del ministerio es que, cuando el sistema esté a pleno rendimiento, para el "80% de los trámites" los ciudadanos "no tendrán que acercarse físicamente al registro", porque el intercambio de documentación será directamente entre administraciones.

Esa plataforma tecnológica, que Justicia sacará a concurso en los próximos tres meses, tendrán que pagarla los registradores mercantiles, aunque será "de titularidad pública", ha dicho Bravo. También será pública la gigantesca base de datos que reunirá los datos de todos los ciudadanos, y para la que el ministerio quiere diseñar unas medidas de seguridad "extremas". El real decreto señala que el Servicio Civil "seguirá siendo gratuito, sin excepción de ningún tipo".

El cambio de gestión del Registro Civil ha sido criticado por partidos de oposición y sindicatos, que ven en él un paso hacia la privatización, algo que el Gobierno niega. Los registradores mercantiles son funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, y contratan a sus propias plantillas. El Colegio de Registradores ha reiterado hoy su "absoluta disconformidad con la decisión del Gobierno", esto es, obligar a los registradores mercantiles a asumir el Registro sin cobrar por ello, y a costear además la inversión tecnológica. Por otro lado el Colegio teme que se vaya a provocar un cisma en el cuerpo de registradores, entre los de la propiedad y los mercantiles, porque el decreto ley establece que estos últimos tendrán que integrarse en una "nueva corporación de derecho público".

El colectivo de secretarios judiciales y los sindicatos CSI-F y CC OO también han arremetido contra el cambio de gestión del Registro. No solo porque temen la privatización a medio o largo plazo sino porque sostienen que acabará con miles de puestos de trabajo. El subsecretario de Justicia ha afirmado que en los próximos días se aprobará una "norma complementaria" en la que explicará cómo se reubicará a los funcionarios judiciales que dejen de trabajar en el registro, y ha asegurado que todos los puestos de trabajo, funcionarios e interinos, que dependen del ministerio se mantendrán.

La mayor parte de los puestos de trabajo, sin embargo, dependen de las comunidades, porque la Administración de Justicia está transferida a todas las comunidades menos a cinco (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Baleares y Murcia). De los 4.800 funcionarios judiciales que realizan ahora labores de Registro Civil, unos 3.400 dependen de las comunidades autónomas, y 700 de estos son interinos.