HASTA SEPTIEMBRE... ADIVINA, ADIVINANZA....

Desde hace un par de años, la reforma integral de los registros ha venido cerniéndose sobre los empleados de nuestras oficinas. Todos los que trabajamos en los registros y hemos tenido un trabajo antes de entrar aquí, siempre tras choque existencial inicial, nos hemos sorprendido del arcaico y trasnochado sistema de funcionamiento de estas oficinas, reminiscencia de épocas pasadas, de la España rural y del señorito que tras sacar una oposición, iba a la oficina un par de veces a la semana a echar un vistazo.

En ese esquema, y con parches poco acompasados y sensatos, el funcionamiento del servicio se ha ido deteriorando con otros vicios todavía menos comprensibles, fundados en algo que en su momento pareció novedoso, la doble vertiente funcionarial y empresarial del registrador.

Cierto es que inicialmente supuso una privatización que conseguía mantener el control público desde el ministerio de justicia de la seguridad jurídico preventiva, como servicio público fundamental, al tiempo que se podían “despreocupar” de su gestión y desarrollo a niveles de funcionamiento, manteniendo un control orgánico basado en el carácter del Registrador como un funcionario dependiente de su Dirección General. Pero hoy todos sabemos que tiene más detractores que defensores, y que por alguna circunstancia que quizá pueda explicar luego, se ha ganado a pulso.

No es que el sistema haya devenido a ser susceptible de cambio en esta reforma por los abusos realizados por las corporaciones y empresas creadas y dirigidas por los registradores para convertir los gastos del servicio público en más beneficio propio, con el peligro que todo conflicto de intereses genera, y más cuando el DESTINO DEL ARANCEL, es mantener las oficinas, no lucrar a sus titulares, que no han tenido bastante con los ingresos que ahora les piden que aclaren desde instancias políticas –una vez más, y volverá a pasar lo mismo, ya que en este país, todos tienen cosas que ocultar-.  Este destino del arancel es algo olvidado, curiosamente se discute si puede servir para cubrir gastos de otro servicio público, argumentando jurisprudencia poco al caso, ya que trata de tributos, el arancel como tal no existe en ninguna parte conocida, y no se plantean la legalidad de los “negocios” turbios que ahora se echan en cara unos a otros. No, el sistema ha entrado en crisis cuando, al ver que tras décadas de ataques de otros cuerpos demasiado semejantes como para no ser archienemigos se lograba llegar al lugar donde los juegos de poder y nepotismos diversos quedan diluidos en la marabunta política, Europa. Cuando, de repente, empezaron a llegar con la crisis estudios sobre el impacto de la crisis en la administración y consejos preintervencionistas en informes de dudoso calado técnico leídos para evitar una intervención empezaban a figurar textos propagandísticos contra las profesiones intervenidas de notario y registrador…, unos escritos redactados por personas cuya capacidad intelectual quedaba nublada por sus evidentes intereses particulares, comenzaba una carrera en una lucha a múltiples frentes, en la que el colectivo de registradores ha demostrado sus carencias, colectivas, profesionales, intelectuales y humanas en definitiva.

Ya que todo lo que está pasando se versa en algo tan humano como la SOBERBIA. Esta es la culpable de que siendo los pocos que son y siendo tanto lo que les une –menudo chollo es esa profesión para el que la alcanza-, por soberbia no son capaces de llegar a consensos y escucharse entre sí, por soberbia no son capaces de reaccionar con celeridad y aptitud ante los retos que se les plantean, por el egoísmo que genera esa soberbia no son capaces de defender el servicio público aunque les suponga algún “pequeño” sacrificio como la única manera posible de defender su profesión –es la única manera de hacerla viable, que sea necesaria para mantener el tráfico jurídico-, y  posiblemente es la soberbia del que ha luchado mucho para llegar a una posición social alta, la que genera, una vez llegado a ella, el encumbrarse en ese terrible pedestal que representa creerse mejor que los demás, “per se”.

Inicialmente y en cuanto a nosotros, sin mencionarnos, tan poco somos, en los documentos –en todos se nos omite, las oficinas funcionan “solas”- se hablaba de economía de escala, gastos de mantenimiento, amortización de puestos de trabajo…. Dentro de un complejo y enigmático proyecto de modificación que incluía agrupación de oficinas, asunción de nuevas funciones, el registro electrónico, como los pilares en los que sustentar la permanencia, NO del actual sistema, sino de su cabeza funcional, es decir de la dualidad cada vez menos explicable de que los registradores de la propiedad y mercantiles sean funcionarios públicos y a la vez empresarios frente a sus empleados y para cobrar una remuneración desconocida e indefinida salvo frente a Hacienda, y quizá ni siquiera ante ella.

Otras reformas comprendidas en el proyecto parece que no son de interés, como la coordinación con el CATASTRO y el apasionante tema de si somos un registro jurídico real si definimos el derecho y no el objeto sobre el que se constituye, la asunción de funciones de jurisdicción voluntaria de ámbito inmobiliario, que debieran liberar en las materias en las que se puede permitir a los jueces de su carga de trabajo, acelerando la administración de justicia, para lo que hubiera bastado que a esos efectos el registrador fuera un asimilado al letrado de justicia y presentara su trabajo hecho al juez para su decisión final, reduciendo costes y garantizando el proceso final con la autoridad que la división de poderes sólo entrega al órgano judicial.

Además, en esta reforma realmente, muchos intereses se enfrentan. Los notarios quieren unificar ambos cuerpos para blindarse ante la llegada de un futuro no muy lejano donde la firma electrónica reconocida y determinadas representaciones legales orgánicas limiten su negocio más allá de lo que lo amparan las entidades financieras, cada vez más acosadas por sus abusos sistemáticos en los contratos tipo que obligan a firmar a los consumidores, sus clientes, bajo el presunto amparo del notario, ecuánime y garante ya de nada. Sus juicios se diluyen en la historia, son una profesión resquicio del pasado y en vez de evolucionar, han buscado un “amo” que los cubra y permita seguir poniendo la mano; ese poder fáctico, que ha dominado el sistema económico, tuvo que ocultarse ante el escándalo al provocar esta crisis económica y ahora no puede dedicarse notoriamente a apoyarles, y aunque buscan nuevas fuentes de ingreso al poder, como UPD y manteniéndose en el PSOE, ven con preocupación como los “conservadores” han levantado al lobby que siempre fue su fuente natural de castigo, los registradores, hasta impulsarles al lugar hasta ahora siempre ocupado por ellos, el ministerio a niveles de su dirección general.

La Administración está necesitada de abrirse a nuevas fuentes de ingresos, si no puede o quiere encogerse, y no deja de ser cierto que tanto CATASTRO como REGISTRO DE LA PROPIEDAD son dos registros que coinciden en la misma recta y que en un momento determinado pueden converger en el mismo punto, y éste era un momento muy tentador para dotar al más poderoso de los ministerios de una fuente de financiación extraordinaria, con recursos humanos propios muy por debajo de sus ingresos y de costes perfectamente asumibles, cerrando determinados “agujeros” de corrupción generados por la confusión de la actividad empresarial y el destino de los ingresos del arancel. Unos hablan de FUTUVER, otros siempre hemos sido sorprendidos espectadores del escándalo inmobiliario de los alquileres de nuestras oficinas, a niveles de empresa e individuales.

Evidentemente desconocemos los ingresos finales de los registros, directamente asociados a los registradores y su corporación, como la de los notarios; pero en ambos casos, es evidente que supera con creces el coste de mantenimiento del servicio público que cubren, para poder definirse como un magnífico caudal de ingresos que se están privatizando, y que además se ha convertido en una manera de cargar costes a los de siempre a costa de los de siempre. Es por tanto, un arancel, el actual, descompensado, magullado de tanto toque, inadecuado y lo peor, injusto, ya que vuelve a cargar el mantenimiento del sistema a los usuarios consumidores frente a las entidades que con sus contratos, condiciones, pactos y presiones políticas han abaratado sus costes de uso del sistema, primero desviándolos al consumidor, y si no, reduciendo por ley su contribución.

La reforma, emprendida por un grupo de registradores de ideología ultraconservadora y mentalidad puritana, no pretende mejorar el sistema, sino mantener en su cúspide a los registradores, pero la “necesidad” de la misma requería un consenso, un ejercicio de democracia interna, que este grupo, como el otro igualmente, por prepotencia y sobre todo, por falta de humildad no han sabido desarrollar, ni con sus compañeros, ni con sus empleados, ni con los usuarios de un sistema que como simples votantes, consumidores, o seres humanos, parece ser que carecen del respeto de estos y de los otros señores.

Esta es mi primera conclusión, la reforma no es del sistema, sino un cambio para que los que arriba tienen un privilegio cada vez más denunciado, se mantengan. Es por ello, una reforma fundamentada en ideas dispersas para desviar la opinión sobre el auténtico debate, si este sistema debe fundirse en la Administración Pública o debe privatizarse más allá de híbridos que sólo provocan confusión y márgenes difusos para la aparición de corrupciones y corruptelas.


Unos registradores aplicando el “se enterarán por el BOE”, otros diciendo que sus asambleas son la democracia y el ministro de un gobierno votado por 10 millones de personas el que debe hacer lo que ellos dicen…, todos prepotentes y todos a lo suyo, que ni es lo nuestro, ni es la modernización que veo, que vemos, que necesita este sistema.


Si con semejante crisis, desde un gobierno no han sido capaces de acometer una reforma acorde a un sistema sino caer en los juegos de poder de sus titulares y seguir el juego ahora a los registradores como el PSOE se lo siguió a los notarios, y entre unos y otros no somos capaces de regenerarnos, ¿Hay esperanzas?. Qué pregunta, seguro que habrá opiniones de todo calado, si tenéis la paciencia, el interés y las ganas de leer estas letras, conoceréis las opiniones de este simple currito, compañero vuestro.

Lo cierto es que toda crisis representa la esperanza de una reacción que active y dinamice la sociedad, que la haga paliar y subsanar la parte más sustancial de sus deficiencias, aquellas que generaron el desastre en que se ha convertido la economía y la sociedad española. Salimos de la crisis como era de esperar, pocas reformas, mantenimiento del estatus quo, y una redistribución de las pérdidas entre la generalidad de la población a la que se ha empobrecido de una manera premeditada y desproporcionalmente, aumentando con leyes las distancias entre pobres y ricos, y generando una bajada social para todos los que no estaban arriba, y una magnífica oportunidad de aumentar sus riquezas para los que no necesitaban nada en esta crisis.

En los registros, la crisis evidenció la vergonzosa y política demarcación de 2007, ideada por una persona que todavía se permite el lujo de seguir hablando de registros como si supiera. Odiar no es conocer, y rechazar un sistema por afinidades personales es un lujo para una persona que se supone vive de su intelecto. Sin embargo, existe un lugar en esta sociedad donde todos estos enormes errores se salvan si perteneces a la élite adecuada. Las razones de la demarcación de 2007 eran expositivamente argumentadas en el aumento del volumen de trabajo y de ingresos y aprovechando la circunstancia ya de paso por qué no acercar los registros a los ciudadanos…, y claro, qué gran argumento al que le podemos poner un claro ejemplo, para comprender su enorme hipocresía y falsedad; qué mejor que poner en Madrid 54 registros con oficinas que no dan para mantener más de 2 sueldos y con las funciones y horarios de los registros, llamémoslas por su nombre, chapuzas inviables.

Salvados por la crisis de tener que explicar que las auténticas razones de la demarcación era tocar el sueldo de los registradores sin tocar demasiado, haciendo que el pastel a “repartir” fuera entre 1.500 en vez de entre 1.000, y por lo tanto, dando la espalda a las necesidades del servicio público que por entonces ya pedía a gritos actuaciones inmediatas para encaminarlo en un servicio público del siglo XXI, tales como la creación de un auténtico sistema de supervisión e inspección objetiva, el control de las cuentas de las oficinas con criterios predefinidos e igualadores, la unificación de criterios precalificadores, la homogeneización de los servicios al público, la interconexión entre las oficinas, la llevanza electrónica del sistema, y la asignación de nuevas funciones que coordinaran necesidades de todos los registros y administraciones públicas en pos de una menor molestia para el usuario final y una mayor eficacia de nuestras actuaciones aumentando los servicios ofrecidos a los usuarios y al Estado.

Unas actuaciones que hubieran supuesto la modernización del sistema, que como toda oficina en la edad de la informática suponía la reducción natural de puestos de trabajo, la generación de otros especializados, y quizá más en nuevas funciones que representarían servicios nuevos con los que revalorizar el papel de este servicio público que privatizado se optimiza y ofrece nuevas alternativas a sus usuarios como sólo presumen los liberales que puede hacer el sector privado.

Sin embargo, lo que han buscado unos y otros, todos dándonos la espalda es la “optimización” de gastos, ridiculizando nuestros conocimientos, nuestro trabajo, nuestra valía en definitiva.

A medida que se iban conociendo los rumores, luego noticias, luego proyectos de ley, luego leyes y reglamentos, poco a poco, los escépticos, los familiares, los amigos, los que viven de la sopa boba, iban levantando su voz, para primero sembrar dudas sobre la posibilidad de cambios, “llevan diciendo que esto va a desaparecer desde que entré yo…” decían, y no les faltaba razón, y luego para exclamar “pero dónde vamos a llegar…”, ciertamente, no se esperaban esto de los “suyos”.

Sin embargo, inexorablemente en una legislatura en la que un presidente del gobierno es REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, ha ido sucediendo la concatenación de medidas que fueron anunciadas como reforma integral, y que ante el bullicio de murmullos que provocó en el lobby registral, fue convertido en una batería dispersa de medidas encaminadas a ese final definitivo que es la reforma integral del sistema.

Las bondades de los cambios, su necesidad, e incluso su correcta gestión e implantación, son materias concretas en las que tenemos mucho que decir, ya que somos el final de la cadena, el eslabón que atiende el servicio público, pero expresamente hemos sido excluidos, no por que no seamos interlocutores adecuados, sino por que nuestra actitud indolente nos ha convertido en “nadie”. Sin embargo, no existe opinión más importante que la nuestra, fundamentada en la modestia del trabajo continuado, digno y correcto desempeñado durante todo el tiempo en que han estado abiertas estas oficinas, de las que todo conocemos, y a las que todo hemos dado.


No hemos sido consultados, ni nuestra opinión parece que interesa a nadie, pero tengo a bien cubrirme por las noches, cuidar a mi familia, y preocuparme por el pan con el que mantengo a los míos. Por eso, sin petición ajena, me he informado, he estudiado, y he averiguado en este mundo abierto que es ya la RED, para buscar las noticias, opiniones y comentarios de todos aquellos que algo han dicho sobre el futuro de mi trabajo y del vuestro.


Hasta aquí y antes de entrar en mi opinión sobre lo realmente importante, el destino que nos viene, queda por echar un vistazo a nuestro colectivo, un vistazo que no puede ser autocomplaciente, sino que debe ser igual de crítico y objetivo como he pretendido que fuera el de nuestros empleadores y el del papel inoperante y por lo tanto, obviado, de la Dirección General de los Registros y por extensión de todo el Ministerio de Justicia.


Los empleados de los registros desarrollan una actividad laboral no exenta de responsabilidades y bajo la premisa del mantenimiento de un servicio público que no se duda que es esencial, si bien nadie lo hecha en falta por que NUNCA HA FALTADO. Ciertamente el sistema retributivo y las relaciones humanas derivadas de un alto porcentaje de empleados familia o con vínculos sociales con los registradores ha constituido un sector laboral “específico” que no deja de sorprender a aquellos profesionales del mundo laboral que acaban conociéndonos. No deja de ser continuada la referencia de los registradores a que “estamos todos en el mismo barco” –evidentemente el capitán y la rata también lo están-, “no se muerde la mano que te da de comer” –ni se mete la polla en la olla, diría yo-, y más frases que vienen a demostrar lo poco profesionales que como empresarios resultan ellos, y lo poco dignos y adultos que nos mostramos nosotros, no como trabajadores sino como personas, semejantes comentarios no los toleraríamos en ningún otro lugar, y este no debe de ser distinto, si queremos ser personas de verdad. No es de recibo semejante actitud servil, ese miedo sistemático a perder el puesto de trabajo, un miedo que 2.500 compañeros han perdido, con su trabajo en estos últimos 4 años, y que no por tenerlo nos ha servido para mantener el nuestro. Es cierto que estamos ante una situación límite, pero no tengo el más mínimo respeto, ni la más mínima esperanza por nuestro colectivo. Esto mismo pasó en 2012 con la reforma laboral y nuestro convenio colectivo, y asistí a la realidad de lo que es el conjunto de los empleados de estas oficinas.

La mayor parte, no quisieron saber NADA, un porcentaje respetable, no suficiente, se preocupó estrictamente lo necesario, saber si iba a haber convenio o no, y poco más, y un pequeño grupo trabajó de manera distinta y diferente por la consecución de un convenio colectivo sectorial. El convenio en sí representaba tras 20 años de negociación, uno de los síntomas de la reforma integral de los registros y de la lucha interna entre los registradores. Ambos grupos pretendían que el convenio sirviera en un futuro próximo a sus intereses, o a evitar los intereses de los otros, y en todo caso, era un convenio que daba estabilidad al sector, si bien no representaba un perjuicio grave para la parte empresarial su inexistencia tras la aberrante reforma laboral. Ante las múltiples opciones, se negoció con los empleados el mantenimiento del sistema retributivo y la subrogación convenida, y sin más la parte sindical tuvo que analizar y decidir si firmaba semejante engendro. La respuesta estaba en lo que suponía el marco normativo laboral en caso de su inexistencia frente al de firmarlo sabiendo que en este supuesto, probablemente sería el último y eliminaba toda posibilidad de acción sindical, en semejante colectivo, casi utópica, durante el laxo entre su firma y la reforma.

Si ésta es la actitud y aptitud demostrada por el conjunto de los empleados de los registros a la hora de negociar si un registrador debe o puede escoger subrogarse en nuestro contrato cuando concursa, ¿Cómo tener esperanzas con semejante banda?.

Lo cierto es que una inmensa mayoría se despreocupa de materias laborales fundamentales, y los seres humanos no son compartimentos estancos, si te despreocupas de una cosa como tu afianzamiento en el trabajo, es por que no tienes dos dedos de frente, o por que eres un puto vago. La mayor parte de este colectivo adolece de esos defectos en dosis que nos convierten en un grupo maleable, manipulable e insultable, visto lo visto.

Por ello, cuando se analizan todo tipo de medidas y actuaciones no cabe acudir nunca a la confrontación directa, a lo que sería un sindicalismo puro, a una huelga, a una movilización dura. Si trabajamos con personas que no se hacen respetar, no cabe romper con un puño una mesa y decirle a un decano que los trabajadores de los registros “nunca han ganado demasiado” sino que ganan un salario más o menos digno por un trabajo muy, pero que muy honrado y honesto. Sin embargo, nos hemos ganado que los registradores nos humillen e insulten sin cortarse en su lista libre, en foros de Internet, y si es necesario a niveles institucionales y ya puestos, en nuestras propias oficinas.

Dejando claro mi opinión sobre el colectivo del que formo parte, ahora pasaré a hablar del futuro con mi gran bola mágica, si es que queda alguien….

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. Se ha perdido una gran oportunidad de generar puestos de trabajo, añadiendo una actividad para la que estábamos preparados, uniendo la misma con la coordinación CATASTRAL, y afianzando el sistema interrelacionando realidades físicas, urbanismo, y cerrando la posibilidad de crear un país totalmente definido en propiedades públicas y privadas. Es una pena, hubiera sido un espectáculo que vender de cómo se sale de una crisis.

REGISTRO CIVIL. La línea de la reforma todavía no está totalmente definida, la mella política de la confrontación interna entre los registradores puede ser aprovechada fuera de nuestro sistema para que apoyando a otros, éstos logren su supervivencia, que ya hemos comprobado que no representaba nuestra pervivencia, sino todo lo contrario. La única opción posible es dar cobertura encubierta a los que pueden conseguir ser oídos allá donde a nosotros no se nos tiene en cuenta.

AGRUPACIÓN Y REGISTRO ELECTRÓNICO. La primera representa una redistribución que permita desviar recursos al registro civil, no lo dice la norma, lo que como argumento sobrevenido, no representa ilegalidad alguna en su desarrollo normativo reglamentario, y por tanto, se realizará, en parámetros nuevamente ineficaces. Preocupantes plazos estrambóticos, diferentes soluciones a las grandes ciudades, criterios poco objetivos allá donde no se aplica la necesidad del servicio del registro civil, y nuevas acometidas del pelotazo encubierto…, lo de siempre en este mundo ridículamente previsible de intereses personales más allá del servicio público que se presta. Pero lo segundo, más allá de que se gestionará mal, con escasa planificación y profesionalidad, con los consabidos pelotazos y sin escuchar al usuario final del sistema, en definitiva, representa el futuro, y será un futuro profesional viable, para los que queden. No cabe otra que intentar que sean los más posibles, con la menor merma de derechos y con todos criterios objetivos profesionales que sean posibles para su determinación…. Todo en la medida de lo posible.


Quién diga que no va a haber despidos, miente, los llevamos viendo estos años y lógicamente continuarán. Quién diga que hagamos huelga, que ponga su nombre y su puto DNI., por delante, quién se piense que le van a prejubilar o que tiene “derechos adquiridos”, gilipollas, bienvenido al mundo del PP.

Me gustaría añadiros que ante estas perspectivas el derecho laboral y el sindical son una fuente de limitaciones de las potestades de los empresarios, muy reducidas en los últimos tiempos, pero que todavía representan la última barrera frente al jefe, y por eso, si tenéis capacidad de nombrar delegados de personal en vuestras oficinas, y tenéis compañeros a los que consideréis responsables, decentes y serios, será mejor que la representación sindical no esté del lado del típico sustituto que hace el juego a su jefe frente al personal, ya que en este caso, diga lo que diga quién sea, el conflicto de intereses puede representar la diferencia entre un despido económicamente justo, la reinserción en un puesto de trabajo, o el mantenimiento del empleo, con actitudes serias y responsables. Pero para eso, tenéis que trabajar con gente así o SERLO VOSOTROS.

Ya me contarán cuántas elecciones sindicales se hacen en los próximos meses…., dejadme que adivine, POQUITAS.

Un saludo y buenas vacaciones a todos.