COMO LOS MINDUNGUIS

COMO LOS MINDUNGUIS
 
Es como se nos distingue para justificar  su actitud arrogante y despótica, que muestra su decadencia.-
 
PUES BIEN, no encuentro explicado, como debe ser, a que obedece la reducción del 40 al 38 % cuando el personal de cada Registro llega hasta diez y con once o más sigue vigente el 40.-
 
La justificación, para mí, no deja de ser  un misterio a desvelar, a no ser que obedezca al deber de asumir, ahora, la garantía de los mínimos señalados, bien mínimos por cierto pues llega a ser igual al salario de vergüenza que se pueda atribuir a los mindunguis, esto es,  a los pelanas o pelagatos como define a los mindunguis el diccionario de la lengua española.-Pero trabajamos bien duro en un sistema de desenvolvimiento técnico jurídico que para los adentros de ellos, de los Registradores, lo  que les toca, no es más que un empleo fácil de poco trabajo, escaso horario de dedicación y a su libre albedrío, pero eso sí, excelentemente remunerado cuando en muchos casos no son más  que vanidosos creídos de otro planeta y no son otra cosa que personas que han superado un  sistema de oposición obsoleto, irracional, poco realista y nada eficiente ideado pasa de ciento cincuenta años cuando todavía se viajaba en burro o en diligencia;  en las comunicaciones o despachos a larga distancia se utilizaba el telégrafo Morse porque no existía teléfono;  se escribía con pluma de ave mojada en tinta, no  existía máquina de escribir ni biblioteca de consulta registral.-
 
El sistema condena la capacidad y recompensa al que, con tiempo y dinero, engulle temas y los vomita, sin crítica ni reflexión para disfrutar, por ello, de este feudalismo escandalosamente monopolizado a favor de una estrecha unión de intereses en una misma dirección de avidez inmediata de dinero.-Y, además, “crecen” por escalafón y en ningún momento se han de reciclar poniéndose al día en los asuntos sustantivos, registrales.- Por todo, la Comunidad Europea ya dijo de rebajar las exigencias que son  innecesarias al desempeño de la función.-
 
Y NO SE ALEGUE  para justificar  la parte  económica,  la responsabilidad personal cuando  esta es objetiva y directa de la Administración y no de carácter subsidiario respecto de sus funcionarios como consecuencia de la naturaleza pública del Registro de la Propiedad ( art. 221 de la Ley Hipotecaria ).- La  expresión del art. 18 de la propia Ley “ bajo su  responsabilidad “ es  puesta por la  Ley de 1861 cuando el Estado se colocaba en una situación de total  irresponsabilidad porque esta, en la época, recaía en los propios funcionarios, pero  ya no es  de aplicación desde que nuestro Derecho  se perfeccionó y  la responsabilidad del Estado es un clásico  principio básico.- Es que la expresión “ bajo su responsabilidad “ tan sólo significa que los registradores, como todos los funcionarios, operan bajo su responsabilidad y esta responsabilidad es la que permite exigir de oficio al funcionario por parte de la  Administración cuando hubiera incurrido en ella, como señala el art. 145.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo común.-
 
Consecuentemente, la  Administración responde directamente, sin perjuicio de su posibilidad de repercusión luego contra el funcionario ( y este, en su caso, contra nosotros según el art. 1903 del Código civil ) de forma que el particular no tiene que entenderse directamente  con el funcionario, ni depende de la cuantía de su fortuna o de la eficacia de sus seguros.-
 
Del Estado es una responsabilidad ilimitada, objetiva, y por tanto independiente de que haya mediado dolo o culpa del funcionario y así lo tiene confirmado el Tribunal Supremo en una larga jurisprudencia, valgan por todas, las Sentencias de 19 de noviembre de 1994 o la de 5 de diciembre de 1997.- Y nosotros añadimos la de 21 de marzo de 1995, Sala 3ª, Sección 6ª.-
 
Lo dice la Sra. Blanco Morales,ex Directora General de los Registros y Catedrática de Derecho Internacional Privado en la revista “Noticias de la Unión Europea”, páginas 5 a 25 de su número 265, publicado en el año 2007, y dedicado al Derecho Registral.-
 
El T.Supremo en la citada Sentencia de 22 de marzo de 1995:- “ El Registro de la Propiedad tiene la naturaleza de servicio público, llegando incluso los arts. 272 y 275 de la Ley Hipotecaria a utilizar la expresión “servicio público “ para calificar la función que el Registro cumple, y son ilustrativos los arts. 274 de la Ley y 536 del Reglamento cuando atribuyen a los Registradores de la Propiedad la condición de funcionarios públicos.- Y, a los efectos de la responsabilidad patrimonial es el Estado el responsable  directo de las consecuencias de la protección o garantía de la seguridad  jurídica que el tráfico inmobiliario conlleva, y el Registrador responsable subsidiario ante el Estado, como cualquier funcionario.-
 
Es que si bien el párrafo 5 del art. 1903 del Código civil de 1889  disponía que el Estado es responsable cuando obra por mediación de un agente especial, pero  NO cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, en virtud de leyes  posteriores el  mencionado  párrafo 5 desapareció del ordenamiento sustantivo y la Administración pasó de la más absoluta  irresponsabilidad a la más absoluta de las responsabilidades entre las que se encuentra la derivada del funcionamiento de los Registros de la Propiedad, aunque en la  legislación  hipotecaria aún se mantenga sin borrar, pero como letra muerta si el perjudicado puede y debe reclamar directamente a la Administración.-
 
LOS CONVENIOS:- No son las  vivas y justas aspiraciones del personal de los Registros cuyo primer objetivo no era otro que la dignificación de nuestra profesión teniendo en cuenta las vicisitudes históricas de nuestra reglamentación; las fuentes jurisprudenciales, históricas y doctrinales, el índole de la función que decide el régimen, y  las soluciones generales admitidas en Derecho  Comparado  que sitúan al personal de los Registros de la  Propiedad como vinculados estrictamente a los mismos Registros en régimen de Derecho Administrativo y en el  ámbito de la Función Pública tal y como acontece en la práctica totalidad de los sistemas extranjeros, y en el nuestro, también.- Pero la artificiosa construcción laboral  basada en consideraciones adjetivas y de oportunidad para los intereses de los Registradores tenidos por sí mismos como empresarios o concesionarios de un servicio público estatal, tradicional, consagrado, y cuyos conceptos de ( empresarios o concesionarios ) no  les corresponde  por mucha construcción laboralista o concesional que aporten para justificarlos en aras  de unos intereses inconfesables.- Para ello, contaron con colaboradores necesarios y que no ponen  remedio para  respetar sus actos propios.- A la primera convocatoria de huelga el personal concurrió en número muy estimable y es difícil que se deje engañar de nuevo por los mismos colaboradores y a dichos menesteres.-
 
Y YA SE  DENUNCIA LA  “ PRIVATIZACION “ que supone la reestructuración de los Registros de la Propiedad.-A ver que  más nos puede pasar.-
 
RECUERDO que en el periódico “La Razón” de 1 de junio de  2006, pág. 10  escribe el Registrador  Sr.  Campos Calvo-Sotelo:- “ Desde que aprobamos las oposiciones, se nos ha inculcado la idea de que mantuviéramos un silencio absoluto cara al exterior  como si la defensa de  nuestra profesión fuese algo ilegítimo, inoportuno o indebido, y la consecuencia de ese extraño complejo, ha  sido el desconocimiento  por la Sociedad de lo que somos y hacemos.......Basta  con que se descienda a conocer la realidad de los Registros y se atienda a lo que dice o decimos los Registradores de a pie.- Esto es lo mínimo que se nos debe después de más de ciento cuarenta años de LEAL Y EJEMPLAR SERVICIO AL ESTADO”
 
RESPECTO DE LA REMUNERACIÓN.- Mire Vd.-Las oficinas públicas registrales tienen que ingresar lo suficiente para costear los gastos necesarios para funcionar, y todavía parece que rinden a pesar de que la tarifa data de 1989 y que fue modificada constantemente a la baja y en muchos casos a coste cero, y a pesar, también, de la escasa presentación de documentos que devengan, sin rebaja.- Lo que pasa es que los rendimientos se distribuyen mal cuando el Registrador, después  de deducir del bruto
partidas que les benefician  pero que son ajenas a nuestros intereses, se quedan con el 60 o, en su caso, el 62% y la diferencia ha de distribuirse entre diez, once. Quince, o  más empleados, muchos de ellos de gran experiencia o con titulación universitaria.-
 
Es que, en este ambiente de continua degradación, aún ven esto desde una concepción del Registro como una propiedad particular comprada o heredada que ha de satisfacer sus intereses propios y no como un “servicio “ – que no aprovechado – servido por funcionarios cumplidores, sometidos a control.-
 
Son tantos años de protección desde las altas esferas políticas, que la situación se eterniza.- Desde 1934, cuatro Presidentes de Gobierno,  ocho Ministros, Directores Generales, todos Registradores de la Propiedad sirvieron y sirven al mantenimiento de la comodidad y de su alto nivel de ingresos, con disposiciones polarizadas por la idea de arraigar la Institución Registral concentrando toda su atención en la figura del Registrador, y a los demás los  aislan  intencionada y maliciosamente.-
 
LA SOLUCION.- SOLO LA DENUNCIA PUBLICA QUE LEVANTE EL TUPIDO VELO QUE  OCULTA ESTA  REALIDAD.-
 
 
SALUDOS Y FELIZ AÑO  2014.-

PRIOR, es un verdadero placer volver a leerte después de pasado bastante tiempo (ahora desde otro foro y tras distinto avatar), y comprobar que, sigues machacando con la misma contundencia de siempre. Pienso que la solución empieza por ser conscientes de nuestros derechos y estar dispuestos a defenderlos. Para ello sería muy conveniente ir conociendo cual es el "impacto real de este 2º Convenio, como propone ZORRO, a la par que "hacemos piña" entre el personal. Sin es "prior" cualquir acción dirigida a la opinión pública carecerá de la necesaria consistencia para que suponga un verdadero éxito en esta batalla. Saludos