comentario de sentencia

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comentario de sentencia

Mensaje  yimou el Dom Jul 31, 2011 5:21 pm

La reciente sentencia del TSJ Cataluña 4867/2011 de 16 de mayo de 2011 -que podéis consultar en la página web del poder judicial- ha pretendido aclarar la incardinación de la estructura salarial de nuestro convenio dentro del artículo 26 del ET. Sin embargo, se trata de un nuevo churro imposible de digerir y que agrava la sinrazón de las relaciones laborales en la institución registral. No me refiero a la concreta resolución, sino a la construcción doctrinal que la sustenta. Es decir, no entro a valorar si es o no es justo lo que gana la persona que reclama en este caso concreto, pues no conozco a la afectada ni la situación de la oficina donde trabaja. Lo que pretendo es poner en evidencia -una vez más- los vicios del sistema en sí mismo.

La cuestión planteada queda aparentemente zanjada en su aspecto técnico en el sentido de considerar -el ponente- que existe un salario base por unidad de tiempo o de obra, que es el salario mínimo interprofesional fijado para cada año por el Gobierno en los presupuestos generales del Estado -aprobados a posteriori por el parlamento-, y dos complementos salariales que son la antigüedad y la participación, lo que a efectos prácticos supone que, para saber si un empleado ha recibido en un año todo lo que le corresponde, tendrá que proceder de la siguiente manera -en teoría, y una vez liquidado el mes de diciembre-: sumar todos los ingresos del año, descontar todos los gastos -sin entrar en polémicas de cuáles lo son y cuáles no, pero sin tener en cuenta en un primer momento los salarios-, apartar el 60% del resultado para el registrador y el 40% de ese resultado para el personal como masa salarial. De la masa salarial hay que descontar, entonces, los salarios completos de los empleados a sueldo -integrado únicamente por SMI más antigüedad más prorrateo de dos extras, como veremos- y el SMI anual de todos y cada uno de los empleados a participación junto con su antigüedad, pues como mínimo en cada nómina mensual tiene que figurar el SMI -con dos extras prorrateadas, al ser el cómputo anual-. El resultado de esa operación es el que constituye la masa porcentual a repartir entre estos últimos empleados, pues el tribunal deja claro que los meses en que el resultado no les permita -a los porcentajistas- llegar al SMI, la diferencia hasta completarlo se debe percibir en la nómina en todo caso, si bien "a cuenta" de la liquidación anual. Es decir, el complemento salarial de resultados de la empresa regulado por el ET es el que resulta de las operaciones anteriores, y se asignará a cada porcentajista en proporción al porcentaje que le corresponde. Si, una vez efectuada dicha asignación, la suma de todos los conceptos de un empleado supera el mínimo garantizado por el convenio -en el caso de la sentencia comentada el SMI anual multiplicado por 1,6-, el registrador ha cumplido y nada puede reclamársele. Si no fuese así, el empresario deberá completar el mínimo garantizado a su costa.

Esta interpretación del TSJCataluña parece muy racional y fácil de entender, cual abstracta y arquetípica construcción matemática, y priva de sentido todas las estúpidas especulaciones acerca de la teoría de los salarios que he osado someter a vuestra consideración en mis intervenciones; pero en realidad no es así sino todo lo contrario, pues se aleja tanto de la realidad que resulta penosa a todas luces, y vuelve a evidenciar la completa ignorancia y el nulo interés del poder judicial por los empleados de los registros.

Por ejemplo, y sin ir más lejos, los en apariencia intachables razonamientos del TSJ tienen la ineludible consecuencia de que cualquier condición más beneficiosa de la que disfruten uno o varios empleados a sueldo tiene necesariamente que salir de la parte del Registrador, lo cual llevará inevitablemente a que los registradores no establezcan condiciones más beneficiosas en favor de los sueldistas, que son precisamente los que más las necesitan para sobrevivir. En efecto, en ningún caso podrán detraerse de la masa porcentual esas mejoras de los sueldistas, pues jurídicamente no puede entenderse que una condición beneficiosa establecida unilateralmente por la empresa en favor de empleados que no tienen otro complemento salarial convencional, pueda establecerse en perjuicio o que dé lugar a una disminución de un complemento salarial establecido por el convenio en favor de otra categoría concreta de trabajadores en atención a circunstancias objetivas establecidas en el propio convenio por razón de la categoría y la antigüedad de éstos. Entender lo contrario sería inconstitucional, pues como ha dicho el TC vaciaría de contenido el derecho a la negociación colectiva del artículo 28 de la Constitución; ya que no puede en ningún caso la empresa utilizar la institución de la condición más beneficiosa para eludir el sistema de negociación colectiva que la ley establece, consumando un fraude hacia el papel institucional que la carta magna otorga a los agentes sociales en la determinación de las condiciones laborales de los trabajadores de cada ámbito sectorial, con el fin de decidir arbitrariamente y a su antojo en un asunto de la trascendencia del sistema retributivo.

Por otra parte y, con parecido resultado final pero diferente fundamentación, existen sentencias -no sólo del TC sino también de los propios TSJ autonómicos- que hacen valer el principio constitucional de igualdad -art. 14 CE-, no admitiendo marginación o distinción de derechos entre trabajadores de los registros que desarrollen su actividad en iguales condiciones de jornada, antigüedad y categoría, por lo que con más motivo se inadmitirá una discriminación salarial en favor de empleados de inferior categoría y menor antigüedad, al menos en cuanto a las cantidades que deben distribuirse según los criterios del convenio, pues la interpretación de éste está tan sometida al principio de igualdad como lo están las normas superiores no pactadas, procedentes del parlamento o el gobierno. Todo ello sin necesidad de buscar alambicadas interpretaciones imposibles del estúpido e inútil artículo 31.3 del convenio.

Nos encontramos, por tanto, ante un total despropósito de sentencia, ya que precisamente las condiciones más beneficiosas en favor de los asalariados son las que han hecho posible que estos hayan alcanzado algo parecido a la dignidad salarial en los registros y que, en los tiempos en que había trabajo, pudiera ello constituir una salida profesional atractiva para quienes, sea por la razón o circunstancia que sea, no pueden aspirar a una expectativa profesional más alta.

En el fondo y como siempre, lo que subyace en estas contradicciones es un convenio colectivo antidemocrático e injusto, que el TS salvó sin motivo alguno, pues no se adaptaba a la realidad social ni jurídica ya en el momento en que se firmó, una norma no meditada que evitó entrar en una profunda reforma de las relaciones laborales en los registros de la propiedad y mercantiles, que ya era necesaria desde que España entró en democracia, y que únicamente consiguió, al trasladar las antiguas ordenanzas franquistas a norma paccionada, prolongar una regulación injusta y agravar los problemas que albergaba. La conflictividad que existe ahora ha tardado tanto en manifestarse, no porque el sistema fuese bueno, sino únicamente por circunstancias externas a la regulación, especialmente por el ininterrumpido crecimiento de los beneficios económicos de los registros durante más de medio siglo y que -como tenía que ocurrir tarde o temprano- ha cambiado de sentido de forma abrupta sin que todos los cerebros jurídico-económicos de la política, de los registros y de nuestro país de listos en general tuvieran siquiera tiempo de coscarse.

Todas las consideraciones anteriores son puramente objetivas, y son independientes del color político de cada lector que desee valorarlas. Multitud de nuestros compañeros se han puesto de acuerdo entre sí y con sus jefes para paliar de imaginativas maneras los nocivos efectos de nuestro convenio colectivo cuando las cosas iban bien, pero la situación actual es tan grave en muchas oficinas que la ausencia de una regulación clara y justa lleva camino de producir una escalada imparable de conflictividad, no solo entre empresa y trabajadores, sino también de estos entre sí. Añadamos el desinterés con que los registradores gestionan los registros, pues en general delegan las atribuciones jurídicas de la empresa en oficiales que, tengan la intención que tengan, carecen de preparación especializada, llegando algunos de estos bienomalintencionados oficiales o auxiliares a asumir lo inasumible, esto es la propia apariencia de personal directivo de la empresa -lo que dista mucho de las funciones que el convenio colectivo atribuye a un empleado del registro- o la voz ejecutiva del empresario, nos tenemos que plantear que, si realmente nuestro trabajo es una función pública con necesidad de una organización jerárquica, que es lo que existe en la práctica, no queda más remedio que integrarla en la estructura de la administración. Pero entonces deberá de ser con todas las consecuencias, y habrá que averiguar cuál es la manera de mantener la tradicional eficacia de los registros, que tan importante parece ser en nuestro sistema de seguridad jurídica, si no existe en los empleados -me refiero a todos, no a una categoría concreta- una percepción general de dignidad y justa retribución que actúe de incentivo.

Una última e inevitable reflexión que me veo obligado a proponeros a todos, a la luz de la reciente reforma de la negociación colectiva, es que quizá ahora la responsabilidad de cambiar la situación es de cada uno de nosotros, con mayor intensidad que antes -si cabe- pues los delegados de personal -en definitiva, nuestros compañeros de al lado- no podrán a partir de ahora permitirse el lujo de desentenderse de la responsabilidad de tener que ser parte en decisiones que afectarán a todos. Esta responsabilidad sería desde luego mucho más llevadera si existiese un convenio colectivo de referencia acorde con la ley. Lo cierto es que, sin entrar a valorar dicha reforma -sinceramente no tengo ni la capacidad ni la preparación necesarias-, sí barrunto que nuestro sector no se parece en nada a las empresas privadas que desarrollan su actividad en los mercados competitivos, por lo que puede ser que la conveniencia de extender esos cambios legales a nuestra actividad resulte más que discutible. Sea como fuere, ya que -lo queramos o no- se nos aplica igual que a los demás, es posible que muchos de los que ahora sois delegados de personal tengáis que repasar o, al menos, tener en consideración, los comentarios que he colgado en este y en el antiguo foro en los últimos tres años.

Un saludo.

yimou

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Re: comentario de sentencia

Mensaje  folioregistral el Lun Ago 01, 2011 1:59 pm

Dentro de todo lo malo, me quedo con el siguiente fragmento, que puede interesar a muchos compañeros:
<<" Pero no es esto lo que pretende la trabajadora, que solicita que se condene al abono de la diferencia, no solo al importe del SMI, sino a este multiplicado por 1,6, prescindiendo de que en cómputo anual se hayan percibido importes superiores. Las prescripciones del Convenio son claras, en la medida en que establecen un salario a porcentaje que, en cómputo anual no puede ser inferior al mínimo garantizado del SMI por 1,6. El salario del Convenio, por tanto, es anual. Ello ha de ser complementado no obstante con las disposiciones mínimas de los RRDD de salario mínimo interprofesional, en el concreto sentido indicado más arriba de que por lo menos cada mes habrá de abonarse el importe del SMI, pero en concepto de anticipo a cuenta de las cuentas finales anuales que deban de realizarse sobre el salario anual a porcentaje con mínimo garantizado. Ello solo implica que no deberán de existir las diferencias cuantitativas que existen actualmente en el sentido de que en unos meses se perciben cantidades importantes y en otros irrisorias, nivelándolas en parte con el abono del reiterado importe del SMI, pero siempre sin alterar el resultado final anual. La razón de ello la establecen los arts. 3.1 de los RRDD anuales del SMI, según el que el importe de los mismos "no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo". La solución es pues que la percepción periódica ha de estar mensualmente garantizada con el importe del SMI (no del salario mínimo garantizado), pero el importe anual no ha de modificarse. Lo que exige la desestimación del motivo del recurso, en la medida en que pretende el abono de una cuantía superior, y no una distribución periódica, que en cuanto tal solo tendría sentido para el futuro.">>.

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literal de la sentencia

Mensaje  folioregistral el Lun Ago 01, 2011 2:00 pm

Roj: STSJ CAT 4867/2011
Id Cendoj: 08019340012011103171
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Barcelona
Sección: 1
Nº de Recurso: 2402/2010
Nº de Resolución: 3401/2011
Procedimiento: Recurso de suplicación
Ponente: FRANCISCO BOSCH SALAS
Tipo de Resolución: Sentencia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
NIG : 08019 - 44 - 4 - 2008 - 0030294
ECR
ILMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG
ILMO. SR. FRANCISCO BOSCH SALAS
ILMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA
En Barcelona a 16 de mayo de 2011
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres.
citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 3401/2011
En el recurso de suplicación interpuesto por Remedios frente a la Sentencia del Juzgado Social 12
Barcelona de fecha 23 de octubre de 2009 dictada en el procedimiento nº 471/2008 y siendo recurridos
Romulo , Ángela , Estela y Milagros . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. FRANCISCO BOSCH SALAS.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 5 de junio de 2008 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda
sobre Reclam. derechos contracto trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de
derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma.
Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 23 de octubre de 2009 que
contenía el siguiente Fallo:
"Que estimando parcialmente la demanda formulada por Dª Remedios contra D. Romulo , Dª Ángela
y Dª Estela , condeno a estos a que abonen a la demandante la cantidad que para cada uno se indica:
D. Romulo 170'53 #
Dª Ángela 120'24 #
Centro de Documentación Judicial
1
Dª Estela 60'16 #
Más el interés del 10% anual en concepto de mora desde la fecha de interposición de la demanda,
4-6-08, hasta su efectivo pago, a cargo de cada uno de ellos sobre la cantidad de cuyo pago es
responsable.
Y absuelvo a Dª Milagros de las pretensiones formuladas en su contra."
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
1º) La demandante ingresó a prestar servicios en el Registro de la Propiedad nº ** de los de
******* el 1-5-1994, ostentando en la actualidad, desde el 16-11-2006 (con efectos económicos desde el
1-1-2007), la categoría de oficial y percibiendo un salario que no es igual todos los meses, siendo el de
septiembre-2009 -último del que se ha aportado recibo de salarios- de 1.164'80 # brutos. (La antigüedad y
categoría son elementos pacíficos entre las partes, y el salario resulta de los recibos de salarios de la actora
aportados por las partes, constando el de septiembre-2009 al folio 297).
2º) Los demandados ostentaron la titularidad del referido Registro de la Propiedad nº ** durante los
siguientes periodos:
-D. Romulo desde octubre-2006 hasta el 29-2-2008,
-Dª Ángela desde el 1-3-2008 hasta el 3-10-2008,
-Dª Estela desde el 4-10-2008 hasta el 3-4-2009, y
-Dª Milagros desde el 4-4-2009.
(Es un hecho pacífico entre las partes, que resulta de sus propias posiciones y, además, de los
documentos obrantes a los folios 259, 261 y 292).
3º) La actora fue sancionada el 25-2-08 por D. Romulo por falta muy grave con suspensión de empleo
y sueldo durante tres meses. Esta sanción fue cumplida por aquella durante el periodo comprendido entre el
13-2-2008 y el 13-5-2008, si bien en procedimiento judicial promovido por la demandante y seguido ante
este mismo Juzgado, autos 243/2008, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio el 23-9-2008 por el que
la falta quedó recalificada como grave y la sanción quedó reducida a 30 días de suspensión de empleo y
sueldo, abonándole D. Romulo a la demandante en el mes de septiembre-2008 el salario correspondiente a
los otros 60 días de sanción ya cumplidos. (Resulta todo ello de la valoración conjunta de las posiciones
mantenidas por las partes directamente interesadas y de los documentos obrantes a los folios 159-162,
164-165, 166-167, 89, 271 y 282).
4º) La actora percibió en concepto de salario durante todo el año 2007 la cantidad de 21.701'50 # y
durante todo el año 2008 la cantidad de 20.414'52 #. (Resulta de las posiciones de todas las partes,
coincidentes en este particular extremo).
5º) Las partes rigen sus relaciones laborales por el convenio colectivo de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España, habiéndose publicado el último de ellos en el BOE de 29-9-1992. (Es
un hecho pacífico entre las partes, que resulta de sus propias posiciones, coincidentes al respecto, y de lo
dispuesto en el propio referido convenio colectivo).
6º) La actora percibió en concepto de "salario base" las siguientes cantidades en los meses que se
indican:
julio-2007245'28 #
agosto-2007491'35 #
diciembre-2007272'13 # + 67'67 # en concepto de "plus redto".
febrero-2008 (13 d.)319'24 #
septiembre-2008863'98 # + 1.733'45 # (866'72 # + 866'73 #) correspondientes a los 60 días de
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sanción reintegrados.
Diciembre-2008328'53 # + 91'66 # en concepto de "plus rendi".
(Resulta de los documentos obrantes a los folios 77, 78, 82, 84, 89 y 93, entre otros).
7º) Durante el año 2007 la demandante percibió mensualmente en concepto de antigüedad la
cantidad de 48'08 #, cuando en realidad la cantidad devengada mensualmente por la misma por este
concepto era de 60'12 #. (Es un hecho pacífico entre las partes, que resulta de sus propias posiciones,
coincidentes al respecto, y de los documentos obrantes a los folios 71 a 81, entre otros).
8º) La actora permaneció en situación de baja por IT desde el 7-5-2008 hasta el 17-9-2008. (Resulta
del documento obrante al folio 262).
9º) Durante el año 2008 la actora percibió mensualmente en concepto de antigüedad la cantidad de
48'08 # en los siguiente meses: octubre, noviembre y diciembre (según resulta de los documentos obrantes
a los folios 90, 91, 92 y 93)
10º) El 3-3-2003 la "Comisión de vigilancia, seguimiento e interpretación" del convenio colectivo de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España adoptó el acuerdo que consta en el documento
obrante al folio 136, cuyo contenido se da aquí por reproducido. (Resulta del referido documento).
11º) La demandante agotó sin éxito el preceptivo trámite de conciliación administrativa. (Folio Cool.
TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora Remedios , que
formalizó dentro de plazo, y dando traslado a las partes contrarias, lo impugnaron las partes demandadas,
elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Recurre la trabajadora contra la sentencia que en materia de cantidad ha desestimado su
demanda de diferencias salariales. La trabajadora, oficial en Registro de la Propiedad, reclamaba en
concepto de salario mínimo garantizado diferencias respecto de los meses de julio, agosto, y diciembre del
2007, 13 días de febrero del 2008 y el mes de diciembre del 2008, en que el salario percibido no alcanzaba
el importe del SMI multiplicado por 1,6; también solicitaba determinadas cantidades en concepto de
antigüedad. Durante el año 2007 percibió un total de 21.701,50 # y en todo el 2008 el importe de
20.414,52#, cantidades superiores al importe del SMI multiplicado por 1.6, como con valor fáctico se declara
en el fundamento 5º.
La sentencia razona que el Convenio Colectivo establece un salario en cómputo anual, de modo que
aunque en unos concretos meses no se alcanzara el importe del SMI multiplicado por 1.6, sí se alcanzaba y
superaba anualmente, por lo que desestima la demanda por las diferencias indicadas.
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia recurre en primer lugar la trabajadora en suplicación al
amparo del art. 191 b) LPL solicitando la adición de un hecho probado onceavo, según el que en el mes de
junio del 2009 la empleadora abonó a la trabajadora un complemento de 252,86 # para alcanzar el SMI
garantizado mensual del Convenio. Es requisito imprescindible para la modificación fáctica en el recurso de
suplicación que la modificación pretendida sea relevante en orden a alterar el sentido del fallo, de modo que
no pueden, o es innecesario introducir, todas aquellas modificaciones que, aun con ser ciertas, no incidan
en la resolución del recurso. En el presente caso, como reconoce la Registradora en su impugnación, es
cierto que en el concreto mes de junio del 2009 se complementó el sueldo en el sentido indicado, pero,
como se verá, de ello no puede deducirse consecuencias vinculantes para todos los meses ni para todos los
registradores sobre el modo de abonar los salarios, pues a la inversa, existen muchos más meses en que el
complemento no se abonó, sin que de ello tampoco deban de deducirse consecuencias sobre el modo legal
de tal abono, que en definitiva se vincula a las prescripciones legales sobre el tema. Por ello el motivo ha de
desestimarse.
TERCERO.- AL amparo del art. 191 c) LPL recurre la trabajadora denunciando la infracción de los RD
1632/2006, 1763/2007 y 2128/2008, sobre salario mínimo interprofesional. Complementariamente, como
apartado B) del motivo entiende que se ha violado el art. 2 de los citados decretos en la medida en que
disponen que a los salarios del art. 1 han de adicionarán los complementos salariales a que se refiere el art.
26.2 del Estatuto de los Trabajadores . Entiende la recurrente que no pueden abonarse importes inferiores
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mensualmente al SMI multiplicado por 1,60, por lo que en los meses en que ello ocurrió ha de condenarse a
abonar la diferencia.
El art. 29.1 del Convenio Colectivo de Registros de la Propiedad y Mercantiles, dispone como norma
general que los trabajadores "serán retribuidos con un salario consistente en un porcentaje de los ingresos
líquidos del Registrador", que en conjunto se fija en un tope del 40% de los ingresos líquidos del registro.
Este salario a porcentaje incluye en todo caso un salario mínimo garantizado, que en cómputo anual y para
el caso de los oficiales de poblaciones mayores de 100.000 habitantes será igual al SMI multiplicado por
1,6.
Pues bien, en el presente caso, la trabajadora ha percibido con creces el salario mínimo garantizado
en todos los años en que reclama, lo que no se discute, si bien no lo ha percibido en los concretos meses
más arriba indicados, de forma que pretende que en cada mes ha de abonársele el indicado salario mínimo
garantizado, prescindiendo de que en otros meses ha percibido importes muy superiores al mismo. El
recurso no puede ser estimado.
Si lo que pretende la recurrente es que en cada mes por lo menos ha de anticipársele el importe del
SMI, conforme a los Decretos de Salarios Mínimos, esta Sala concuerda en que por lo menos cada mes ha
de ser percibido el indicado importe, en la medida en que por debajo del mismo nadie puede prestar sus
servicios en ningún ramo de la actividad productiva, ya que no se trata solo de la percepción de una
cantidad mínima, sino de su percepción periódica, conforme al art. 29.1 , según el que el pago de los
salarios no podrá exceder de un mes. Ello deriva de la finalidad de los salarios, que no son sino el de
subvenir a las necesidades vitales del trabajador, de modo que el salario a percibir no podrá ser en cómputo
mensual menor que el salario mínimo, ya que el importe de éste queda fijado mensualmente, conforme al
art. 1 de los Decretos que cada año lo fijan. Ello implica que la percepción del salario mínimo mensual (no
multiplicado por 1.6) ha de ser tenido en cuenta para el abono de los restantes meses, en caso de que en el
mes de que se trate el salario a porcentaje no haya alcanzado su importe, de modo que el exceso frente al
salario a porcentaje ha de ser detraído en su cómputo anual.
Pero no es esto lo que pretende la trabajadora, que solicita que se condene al abono de la diferencia,
no solo al importe del SMI, sino a este multiplicado por 1,6, prescindiendo de que en cómputo anual se
hayan percibido importes superiores. Las prescripciones del Convenio son claras, en la medida en que
establecen un salario a porcentaje que, en cómputo anual no puede ser inferior al mínimo garantizado del
SMI por 1,6. El salario del Convenio, por tanto, es anual. Ello ha de ser complementado no obstante con las
disposiciones mínimas de los RRDD de salario mínimo interprofesional, en el concreto sentido indicado más
arriba de que por lo menos cada mes habrá de abonarse el importe del SMI, pero en concepto de anticipo a
cuenta de las cuentas finales anuales que deban de realizarse sobre el salario anual a porcentaje con
mínimo garantizado.
Ello solo implica que no deberán de existir las diferencias cuantitativas que existen actualmente en el
sentido de que en unos meses se perciben cantidades importantes y en otros irrisorias, nivelándolas en
parte con el abono del reiterado importe del SMI, pero siempre sin alterar el resultado final anual. La razón
de ello la establecen los arts. 3.1 de los RRDD anuales del SMI, según el que el importe de los mismos "no
afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los
trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario
mínimo". La solución es pues que la percepción periódica ha de estar mensualmente garantizada con el
importe del SMI (no del salario mínimo garantizado), pero el importe anual no ha de modificarse. Lo que
exige la desestimación del motivo del recurso, en la medida en que pretende el abono de una cuantía
superior, y no una distribución periódica, que en cuanto tal solo tendría sentido para el futuro.
CUARTO.- Denuncia la recurrente en fin la vulneración del principio de los actos propios por el hecho
de que en el mes más arriba referido una Registradora complementó un mes con la cantidad necesaria para
alcanzar el importe del
Salario mínimo garantizado.
El acto propio tiene su fundamento no sólo en la buena fe, sino también en la necesidad de proteger
la confianza en la apariencia creada unilateralmente por una conducta autovinculante y con efectos
jurídicos. Por ello, una vez producido tal acto, no es lícito volver contra el mismo, por estar vinculado a sus
efectos el autor del mismo. Una vez producido un acto propio, por ser una declaración de voluntad
libremente emitida con efectos en el tráfico jurídico para terceros, es principio general el de que nadie puede
ir contra sus propios actos, salvo que no se den los requisitos de la declaración de voluntad ( STS 25/5/44 ,
4/7/47 , 13/6/50 , 27/2/64 , 28/6/79 , 14/10/81 , entre muchas).
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En el presente caso no puede entenderse en modo alguno que del hecho de que en un mes se
complementó el salario para alcanzar el importe del salario mínimo garantizado (no del inferior SMI), se
derive la consecuencia de que siempre haya de abonarse el importe referido como mínimo, pues en modo
alguno consta la voluntad de autovincularse, que queda desmentida por el no abono de tales importes en
todos los meses en que se reclama, indebidamente por otro lado. No queda afectada la buena fe en el
tráfico jurídico, en la medida en que la actitud favorable a los intereses del recurrente quedó desmentida por
la desfavorable en todos los meses que reclama, de modo que ningún error pudo producírsele sobre la
actitud de la empleadora sobre el modo de abono de los salarios. Por todo ello ha de desestimarse el
recurso y confirmarse la sentencia recurrida.
Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente
aplicación.
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Remedios ,
contra la sentencia de fecha 23 de octubre de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 12 de
Barcelona, en el procedimiento núm. 471/2008 promovido por la indicada recurrente contra Romulo , Ángela
, Estela y Milagros ; y en su consecuencia debemos confirmar y confirmamos dicha resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y
expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.
La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para
la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse
mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de
los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art. 219 de
la Ley de Procedimiento Laboral .
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del Texto Procesal Laboral,
todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita, intente interponer Recurso de Casación para
la Unificación de Doctrina, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de
consignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm.
2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, Nº 0965 0000 66, añadiendo a continuación los números
indicativos del recurso en este Tribunal.
La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta
Sala tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), Nº 0965 0000 80, añadiendo a
continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo
efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente, de lo que doy fe.


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Re: comentario de sentencia

Mensaje  yimou el Jue Ago 04, 2011 9:57 pm

Folios, voy a explicarme nuevamente, a ver si se me entiende de una vez. Tiene que quedar muy claro que la sentencia que comentamos, especialmente el párrafo que transcribes, es frontalmente contraria a la ley y la jurisprudencia. Entiendo que, hoy por hoy, no es posible llegar al TS con un recurso de casación para unificación de la doctrina en las cuestiones que voy a poner de relieve por enésima vez, pues el alto tribunal dirá siempre que no existe identidad de razón con ninguna otra sentencia que se pueda presentar al contraste. Pero ello no significa que todo abogado que se precie de llevar uno de estos casos no deba insistir en llegar hasta el correspondiente TSJ de su Comunidad Autónoma hasta que exista una sentencia que sí pueda servir al Supremo de contraste. Lo cierto es que sigo convencido de que son mis argumentos los que se acomodan a la ley y la jurisprudencia, no los de esta resolución que comentamos; la cual está, como mínimo, insuficientemente razonada, y repite falacias que no por habernos acostumbrado a soportarlas han dejado de insultar la inteligencia de cualquier empleado de registros que haya leído un poco sobre derecho laboral español.

Empecemos recordando dos cosas: primero, que según el artículo 26 del ET todos los trabajadores del régimen laboral común -esto es, los no sometidos a una relación laboral de carácter especial de las permitidas en su artículo 2- cobran un salario base por unidad de tiempo o de obra, junto con complementos salariales, por contra a lo que ocurre, por ejemplo, con los trabajadores sujetos al régimen de representantes de comercio, que pueden no tener salario base, sino únicamente una comisión sobre las ventas. Nuestro convenio, por tanto, tiene que interpretarse necesariamente como que existen un salario base y unos complementos salariales. Puedo concederle al tribunal que nuestro salario base es sólo el salario mínimo interprofesional -aunque la resolución no llega a decirlo expresamente, no puede interpretarse de otra forma-, pues es cierto que del hecho de que nuestro convenio contemple unos mínimos garantizados anuales no puede deducirse que tal cantidad sea el "salario base anual". Es decir, podría haber casos en que el salario base anual -es decir, el smi más dos extras prorrateadas-, más la antigüedad anual, más el complemento de resultados de la empresa anual no lleguen al "mínimo garantizado anual", en cuyo caso no existen dudas de que el registrador debe completar de su bolsillo la cantidad necesaria hasta alcanzar ese minimo garantizado, pero ese mínimo garantizado no coincide con el salario base, pues éste es menor. Por supuesto también puede ocurrir que la suma de las cantidades referidas supere el mínimo garantizado. Pero ni uno ni otro supuesto predeterminan en absoluto la estructura del salario. Es decir, existe un mínimo que no se puede vulnerar por la empresa, pero el hecho de que ese mínimo quede superado por el trabajador en cómputo anual no significa que ello habilite al registrador a considerar las cantidades entregadas los meses en que los ingresos líquidos no dan para pagar el smi como "anticipos a cuenta". Eso no lo dice el convenio, sino que se lo inventa la sentencia. El convenio dice únicamente que existe un mínimo anual que la empresa no puede vulnerar. Y es lógico su establecimiento. Un ejemplo muy claro de su aplicación, sin prejuzgar que puedan existir otros, se produciría cuando los ingresos líquidos de los doce meses del año den como resultado un salario que, sumando cada mes el salario base -es decir smi, más prorrateo de dos pagas extras, se paguen o no prorrateadas-, más antigüedad, más resultados de la empresa, no se llegue al mínimo garantizado. Pero, como digo, el que se establezca esa garantía anual no prejuzga cuál es la estructura salarial, pues obviamente ello no se deduce del tenor literal del convenio. O sea, no existe ninguna relación causal entre los conceptos "mínimo garantizado" y "anticipo a cuenta".

En segundo lugar, debemos recordar que las percepciones salariales deben ser mensuales como máximo, tal como establece el artículo 29 del ET. Por supuesto que esto no significa que el complemento "resultados de la empresa" deba computarse mensualmente, por más que sea conveniente distribuirlo mensualmente en cuanto resulte posible. Sin embargo, es cierto que la única manera de entender el reparto de beneficios es en cómputo anual, pues los ejercicios empresariales son anuales. Pero de ahí a inventarse, como hace el tribunal, que se pueden entender entregadas a cuenta del reparto anual de beneficios cantidades que corresponden al salario base -smi más dos extras prorrateadas- y a la antigüedad, existe un gran trecho. Esto es, únicamente pueden entenderse entregadas a cuenta del reparto anual de beneficios cantidades mensuales que responden al concepto "reparto de beneficios". Pretender que el salario base y la antigüedad pueden constituir anticipos del reparto de beneficios anual es el truco del almendruco de los registradores al que los jueces, como buenos colegas, han prestado su complicidad. Y no digo que no tenga esta interpretación un apoyo convencional aparente. Pero es sólo aparente, como vermos, porque la interpretación favorable a sus intereses que pretenden los patronos no cabe en la ley. Y que los registradores, juristas preparados donde los haya, ignoren esto, resulta grave; pero que lo hagan los tribunales de lo social raya en la verdadera mala leche.

El tribunal parece decir algo bueno cuando acuerda que, con arreglo a los decretos del salario mínimo, éste constituye la cantidad irrebajable que se debe cobrar en todo caso al mes. Vamos, que ya no hay registrador que pueda ampararse en el convenio para hacer nóminas mensuales de 200 euros o menos. Pero todo lo demás de ese párrafo que tú reproduces es, o bien un invento artificioso, o bien un despropósito malintencionado. Repito, es mentira que el convenio diga que el salario mínimo es anual: el convenio únicamente establece que no se puede cobrar menos de una cantidad al año, dependiendo de la categoría. Eso para nada significa que "el salario del convenio, por tanto, es anual"; pues el que exista un límite mínimo que no se puede vulnerar, no predetermina en absoluto "la estructura y la cuantía de los salarios que los trabajadores vienen percibiendo". Esta expresión se usa en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto en cuestión con el fin de regular la institución de la compensación y absorción de salarios. Pero la propia estructura y cuantía de los salarios resultan de la ley y del convenio, interpretados conforme a la jurisprudencia, no de esa frase, que remite a algo totalmente diverso. Empezamos, por tanto, negando la mayor, porque el convenio no establece en ningún sitio que el salario del personal auxiliar sea anual -este carácter solo puede atribuirse a un complemento salarial, y no porque lo diga el convenio, sino por la propia naturaleza de ese complemento-; ni, por supuesto, tampoco se puede entender que lo percibido cada mes como mínimo lo sea a cuenta de otras cantidades anuales. Esto último, en su caso, resultaría de la compensación y absorción de salarios. Pero ello no es así porque, como me he cansado de repetir una y otra vez en mis intervenciones, la jurisprudencia no permite utilizar el mecanismo de la compensación y absorción de salarios más que entre conceptos salariales que tengan una naturaleza homogénea.

¿Qué significa esto, a efectos prácticos? Para que se vea clarito, vamos a hablar en términos anuales. Voy a suponer que todo el personal del Registro es porcentajista. El que añadamos o no otras variables, como sueldistas con condiciones más beneficiosas, renunciantes al porcentaje, etc, no altera la idea básica, aunque habrá de tenerse en cuenta para aplicar las variantes que resulten pertinentes. En este caso, como digo, partimos de que sólo existen porcentajistas. Imaginemos que un registrador, sean cuales sean los ingresos líquidos de la oficina, paga a sus empleados cada mes únicamente el SMI, más el prorrateo de dos pagas extras, más la antigüedad que le corresponde, todo de su bolsillo, y se guarda en una cuenta bancaria -o debajo del colchón, si le place- el resto de los ingresos líquidos de cada mes, a la espera de la liquidación anual de las diferencias. Esto no sería una forma leal de proceder con sus empleados porque, aunque los resultados de la empresa se computen anualmente, nada le impide ir repartiéndolos a cuenta con una periodicidad inferior. Pero, como es posible que esto ocurra, vamos a darlo por hecho. Transcurren enero, febrero..., y así hasta diciembre, y los empleados únicamente han cobrado de forma efectiva las cantidades básicas. El registrador ve que ha pagado al conjunto de sus empleados, verbigracia, 60.000 euros en todo el año, a razón de 5.000 euros al mes que incluyen SMI, más prorrateo de extras, más antigüedad del conjunto del personal. A continuación, el 1 de enero siguiente hace la liquidación de las cuentas anuales del Registro y resulta que la masa salarial de los empleados -el 40% de los ingresos líquidos, una vez descontados todos los gastos de la actividad, teniendo en cuenta que no existen sueldistas- asciende en el conjunto del ejercicio a 84.000 euros, a razón de 7.000 euros al mes. Así a bote pronto -me diréis-, habiendo repartido como anticipos la cantidad de 60.000 euros, con toda seguridad existe una diferencia de 24.000 euros a favor del personal, que debe repartirse entre los trabajadores, dando lugar como resultado que cada trabajador haya cobrado a final de año el porcentaje que le corresponde dentro de esos 84.000 euros. Suponemos igualmente que todos llegan a sus correspondientes mínimos garantizados, por lo que no hay que mermar proporcionalmente el salario de unos para compensar a otros. Pues bien, esa diferencia de 24.000 euros constituye el complemento salarial resultados de la empresa. Y eso es así no porque a mí se me antoje, sino porque dentro de los ingresos líquidos hay que distinguir unos salarios base y unos complementos de antigüedad que suman 5.000 euros cada mes, y un complemento de resultados de la empresa que supone, en este caso, 2.000 euros cada mes. Ahora imaginemos que el 40% de los ingresos anuales líquidos son esos 84.000 euros que hemos dicho, pero sin embargo mientras que en los meses de abril, mayo y junio resultan a razón de 14.000 euros mensuales, en los meses de junio, julio y diciembre el 40% de los ingresos líquidos ha sido cero patatero. En esos tres meses de junio, julio y diciembre el registrador ha pagado a los empleados su smi, prorrateo de extras y antigüedad, al igual que lo ha hecho los meses de abril, mayo y junio, porque así se lo ordena la STJ de Cataluña que comentamos, porque a su vez es lo legal y lo debido. Pero esos 15.000 euros que ha pagado a sus empleados de su bolsillo -a razón de 5.000 euros al mes- los meses en que los ingresos líquidos son cero, no puede en ningún caso retraerlos a su favor al efectuar la liquidación anual. Esto no es un chollo para los empleados ni una injusticia para los registradores, sino que es la ley, y la justicia más simple y decorosa reconocida por la jurisprudencia plenamente consolidada. ¿Por qué es así? Porque la jurisprudencia sobre la compensación y absorción de salarios impide que las cantidades pagadas a los empleados en concepto de subsistencia los meses que han terminado en blanco puedan entenderse entregadas a cuenta de los resultados de la empresa, que responden a otro concepto salarial heterogéneo y distinto. Y ello es así porque, no habiendo sueldistas -en este ejemplo, solo para mayor claridad- los salarios de subsistencia no pueden descontarse como pérdidas liquidas de los meses en que exista superavit, porque esos salarios de subsistencia no constituyen, en ningún caso, gastos de la actividad. Y el que pretenda que este resultado es injusto por el mero hecho de que en los registros es el componente variable el más importante del salario, primero que reflexione que ese es el sistema que patronos y empleados han querido darse voluntariamente. Este componente variable es el que hace, precisamente, que mientras en los años buenos los empleados ganan algo más y el empresario crece exponencialmente, en los años malos el empresario pierde algo y los trabajadores quedan en la miseria, salvo aquellos pocos privilegiados que tienen un porcentaje muy superior al resto.

Insistamos un poco más. El convenio establece que los salarios estarán constituidos por un 40% de los ingresos líquidos, es decir los que resultan de hallar la diferencia entre los ingresos brutos y los gastos de la actividad. Y asimismo establece que ese 40% comprenderá todos los conceptos salariales, incluyendo el salario base -mínimo más prorrateo de extras- la antigüedad y el complemento de resultados de la empresa. Así que tenemos que tener en cuenta que el 40% de los ingresos líquidos no coincide con el complemento resultados de la empresa, pues éste estaría constituido únicamente, en teoría, por la diferencia positiva que pueda existir al restar de ese 40% de los ingresos líquidos anuales las cantidades correspondientes al salario de subsistencia, también anual. Pero esta interpretación, que aparentemente se desprende de la lectura del convenio, no es conforme a la ley. Me explico: los salarios de los porcentajistas no son gastos de la actividad en ningún caso, porque el convenio dice que, para hallar la masa porcentual, sólo se pueden detraer de los ingresos brutos los gastos de la actividad y los salarios de los sueldistas, que en este ejemplo no los hay. Esto quiere decir que, si un mes los ingresos brutos no llegan para pagar las facturas, porque hay 1.000 de ingresos y 2.000 de gastos, existe un ingreso negativo de 1.000 euros, pero no de 6.000, por la sencilla razón de que los salarios de subsistencia -5.000 euros- no son gastos de la actividad a efectos del convenio. Es decir, los salarios se calculan después de descontados los gastos. Si el resultado del descuento es 5.000 en un mes, de ahí se sacarán los salarios de subsistencia, y se llevará a la cuenta de resultados de la empresa una cantidad de 0 ese mes. Si el resultado es de 6.000 ese mes, de ahí se pagarán los salarios de subsistencia y se llevarán 1.000 a la cuenta de resultados de la empresa, a la espera de totalizar el resultado anual. Sin embargo, como los salarios de los porcentajistas no son nunca un gasto de la actividad y el salario de subsistencia es necesariamente mensual, si el resultado del mes es menos uno, la empresa pagará 5.000 de sueldos y sólo podrá llevar -1 -no -5001- a la cuenta de resultados de la empresa; y si el resultado del mes es entre 0 y 5.000, la empresa pagará los 5.000 euros de subsistencia y llevará 0 a la cuenta de resultados de la empresa. Y ello es así porque, mientras que si todos los meses se superasen los 5.000 euros nunca existirá compensación o absorción de cantidades, porque el salario no es anual, sino mensual -artículo 29 ET-, y porque no existe nada que compensar a fin de año, ya que el registrador no ha completado nada desde su 60%, por lo que nada tiene que recuperar; sin embargo sí existiría esa compensación y absorción en los casos en que se lleven a la cuenta de resultados anuales de la empresa, para descontarlas como gastos, disminuyendo en consecuencia el complemento salarial de resultados de la empresa, cantidades mensuales que según el convenio no son gastos, con el pretexto de que el registrador tiene que compensarse lo pagado de más. Y, aunque el convenio no pone obstáculos aparentes a esta compensación y absorción pretendida, la misma está prohibida -terminantemente- por la jurisprudencia, incluso en casos en que está expresamente contemplada en el convenio, por considerarla contraria a la ley, al no comparar conceptos homogéneos.

Y esto no es tener jeta ni nada por el estilo, sino lo que reiteradamente ha venido defendiendo la jurisprudencia inveterada, y que sin embargo se niega a los empleados de registros en aras a un pretendido equilibrio cósmico que dicta que éstos no tengan los mismos derechos que los demás trabajadores de España, sólo por el hecho de que los únicos que suelen reclamar ante los tribunales son precisamente los que más ganan -aunque no los que mejores abogados tienen, por lo que se ve-. Pues oigan, señores jueces, es principio básico del orden constitucional que ustedes no pueden interpretar la ley de forma discriminatoria, si no existen razones que lo justifiquen; y no me vengan otra vez con lo del servicio público, que eso ya no vale, y si no vean los últimos pronunciamientos de la jurisprudencia europea. Si las oficinas están en crisis y no se puede cobrar lo mismo de antes, la ley ofrece mecanismos de sobra a los registradores para actuar igual que el resto de las empresas, aplicando innumerables instrumentos de flexibilidad, algunos incluso unilaterales; pero entonces tienen que asumir como propias las competencias del empresario. Además, en sus asociaciones disponen de expertos en derecho laboral que pueden aconsejarles perfectamente sobre las medidas a tomar en cada momento, así que no necesitan que los juzgados les traten de forma privilegiada. Un poquito de por favor, que ya está bien.

yimou

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Re: comentario de sentencia

Mensaje  charlie el Jue Ago 04, 2011 10:45 pm

Yimou, es obligado decirlo: muchísimas gracias por tu trabajo. No solo es que razones admirablemente, es que lo expones igual de bien.

Voy a ser un poco cursi, pero me parece inevitable: eres un rayo de esperanza en este momento de ruina generalizada de los registros.

Os animo a todos los que le leéis que, al menos, dejéis vuestro agradecimiento aquí, para mostrarle que no está solo. Ya sé que estamos todos en desbandada, acojonados, deprimidos, hundidos, pero al menos aquí hay alguien que se toma la molestia de regalar unas horas de su tiempo para razonar sobre los mecanismos de la miseria registral.

Muchas gracias, yimou.

charlie

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Felicidades por tan clarificadora exposición

Mensaje  preocupado el Vie Ago 05, 2011 10:50 am

Estimado y admirado Yimou:

haciéndome eco de la oportuna y acertada propuesta de Charlie, te quiero expresar mis más sinceras felicitaciones por tan estupenda labor para con los compañeros. He de confesarte que en no pocas ocasiones, ciertos comentarios y análisis de sentencias o artículos estatutarios que realizas, me resultan ciertamente farragosos y casi ininteligibles, pero aún así, intento reelerlos y escudriñarlos hasta conseguir extraer la esencia de tu mensaje. Pero creo que precisamente en este último comentario que has llevado a cabo no es el caso, puesto que queda perfecta y claramente desenmascarado el error inducido en que el que la autoridad judicial ha caído (consciente o inconscientemente).

Te animo desde aquí a que sigas ilustrándonos tan solventemente durante todo este largo vía crucis que seguimos recorriendo todos los empleados de las oficinas registrales de España. Y ojalá que algún día los postulados que expones, lleguen a verse refrendados en alguna sentencia que por fin nos devuelva la dignidad que no ya tan sólo como trabajadores, sino como seres humanos creo que merecemos.

Un saludo.

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Re: comentario de sentencia

Mensaje  yimou el Dom Ago 07, 2011 2:19 pm

Agradezco de corazón vuestros comentarios.

Me doy cuenta de que tratamos un asunto de difícil interpretación, pero aún así reitero mi afirmación de que los tribunales han eludido la más elemental seriedad en el estudio del convenio a la luz de la ley y de la jurisprudencia. Vuelvo a decir que no soy un experto en derecho laboral, pero considero erróneo que en ninguno de los casos que hemos visto se hayan orientado las demandas desde el punto de vista de la compensación y absorción de salarios. En la sentencia que ahora comentamos el tribunal se refiere al tema, pero obviamente lo hace de forma equivocada, a mi humilde entender; pues, en primer lugar, olvida el presupuesto fundamental de esta institución, cuya existencia se debe precisamente a que la naturaleza mensual de los salarios regulada en el ET -para los contratos a tiempo completo- puede dar lugar a diferencias o desajustes al finalizar los ejercicios económicos, siendo precisamente la finalidad del precepto decidir cómo se resuelven esos desajustes. Por tanto, constituye un auténtico despropósito resolver la cuestión inventándose sin más -y sin apoyo legal alguno- que el salario es anual, sin perjuicio de que exista un complemento salarial cuya naturaleza no se entiende si no es en cómputo anual, cual es el de resultados de la empresa regulado en el ET. Y, sin negar a priori que puedan existir otros conceptos salariales de naturaleza anual aparte del de resultados de la empresa, al igual que existen en muchos convenios complementos salariales que sólo se devengan los días efectivos de trabajo -es decir, son diarios-, desde luego ni el salario base ni la antigüedad comparten la naturaleza anual del complemento de resultados de la empresa, ni en nuestro convenio ni en ningún otro perteneciente al derecho laboral no especial.

Por otra parte, creo que no es necesario volver a insistir en que del establecimiento por parte del convenio de un mínimo garantizado, no puede deducirse más que eso; es decir, no cabe inferir de esa garantía de mínimos un principio general sobre la estructura y cuantía del salario, pues éstas resultan de los artículos 26 y 29 del ET, que son precisamente los que en todo caso deben orientar la interpretación del convenio.

Y, continuando con la cuestión de la compensación y absorción de salarios, el tribunal invoca el precepto regulador sin justificar por qué lo hace, ya que si considera que la naturaleza del salario es anual entonces no tiene ningún sentido aplicar la institución de la compensación y absorción de salarios, que precisamente sirve para solucionar los desajustes salariales que puedan producirse en cómputo anual, de las retribuciones reguladas en la ley y los convenios, cuya naturaleza es -salvo casos especiales, como el de los resultados de la empresa- inferior: por supuesto mensual -en contratos a tiempo completo- o diaria -en contratos por horas, pero calculada con referencia al período mensual- si es que estamos hablando del salario base por unidad de tiempo.

Finalmente, aunque hago en mi comentario anterior el apunte de que la distribución del complemento "resultados de la empresa" podría teóricamente diferirse en el tiempo hasta la liquidación anual definitiva de los ingresos y gastos que determinan su cálculo, que no podrá demorarse más allá del fin del mes de enero, en el que deben haberse cerrado la contabilidad e impuestos de la empresa del ejercicio anterior; ya he comentado en alguna ocasión que ello no es aconsejable para los propios registradores, principalmente debido a las cotizaciones sociales. Por lo que alcanzo a conocer, en todas las consultas que se han hecho a la Tesorería General de la Seguridad Social -y sé a ciencia cierta que las ha habido en varias direcciones provinciales- la contestación ha sido siempre la misma: el registrador tiene que cotizar anualmente por la completa retribución de todos y cada uno de sus trabajadores; y no solo eso sino que, además, si la total retribución correspondiente a un trabajador supera en el conjunto del ejercicio el máximo de la base de cotización anual, el registrador tiene obligatoriamente que cotizar todos -absolutamente todos- y cada uno de los meses del año por la base de cotización máxima. Si no lo hace así, acarreará consecuencias: primero, que debe completar las cotizaciones mensuales mediante una liquidación complementaria para cada mes en que eso sea necesario. Estas cotizaciones complementarias constituyen gastos de la actividad. Pero no lo son, en ningún caso, los intereses de demora que automáticamente generan esas liquidaciones complementarias, aún realizadas de oficio por la empresa sin reclamación previa del órgano recaudatorio. Por supuesto, tampoco constituirán gastos de la actividad las sanciones que en su caso reciba el registrador por no haber efectuado esas liquidaciones complementarias por su propia voluntad. En uno y otro caso -intereses de demora y sanciones- nos encontramos ante cantidades que se exigen al registrador derivadas de un puro incumplimiento por el mismo de sus obligaciones administrativas, por lo que no se trata de un gasto de la explotación del negocio, así que no podrá descontarlos como gasto a la hora de calcular las retribuciones del personal. Otra consecuencia más que probable será despertar de manera inmediata el interés de la Inspección de Trabajo, incluso cuando las liquidaciones complementarias se efectúen motu propio, sin requerimiento formal de la administración.

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Re: comentario de sentencia

Mensaje  yimou el Dom Ago 07, 2011 9:51 pm

Releído mi último comentario, caigo en la cuenta de que, si aceptásemos la tesis del salario anual -que sigo sin compartir-, sí podría existir un supuesto en el que se plantee la posibilidad de aplicar la compensación y absorción de salarios, que sería cuando el/los porcentajista/s gozasen de una condición más beneficiosa, además del salario. No sé cómo pude olvidarlo, cuando es precisamente el caso más común de litigios sobre compensación y absorción, y siempre se resuelve a favor del trabajador, debido a la heterogeneidad a la que me he venido refiriendo. La relación entre condición más beneficiosa y la compensación y absorción de salarios, así como la heterogeneidad y homogeneidad de conceptos salariales, se resumen en la reciente STS de 12/04/2011; que no tiene nada que ver con nuestro sector, pero que en esencia resuelve sobre una duda similar, pues la empresa compensó ilegalmente -y por tanto dejó voluntariamente de pagar- retribuciones de trabajo que superaban las establecidas anualmente en el orden de referencia. Se trata, sin embargo, de un caso mucho más sencillo, pues como he dicho ya se ha planteado en muchas ocasiones el tema de la compensación de condiciones más beneficiosas.

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Re: comentario de sentencia

Mensaje  kaikus el Miér Ago 10, 2011 9:14 pm

Como siempre, insuperable.

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Re: comentario de sentencia

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