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Mensaje  Admin el Vie Oct 15, 2010 12:53 am

Notapor empleado el Jue Feb 19, 2009 8:56 am

Lo que es tremendo es que en este país se vayan sucediendo los años y las legislaturas y el desastre judicial vaya creciendo y creciendo como una pelota de nieve ¿Es que nadie se da cuenta de que eso ocurre porque lo que falla es el mismo sistema? Ya no se trata sólo de la conocida pereza funcionarial, es que además de perezosos están fatal organizados y equipados con software programado en MS-DOS.

Los jueces, además de bastardizar sus peticiones añadiendo reclamaciones salariales, exigen la organización de la "Oficina Judicial" con carácter inmediato, pero aunque eso sería un gran paso adelante, no creo que fuera la solución definitiva.

Mi propuesta es la privatización de la judicatura
¡¡¡ Nada menos, este Tristan nos va a resultar peor que los neocon !!! Me explico, no hay más que fijarse en lo bien que funcionan las Notarías y los Registros de la Propiedad. Ambos profesionales, tanto los notarios como los registradores tienen que afrontar unas oposiciones muy parecidas a las de los jueces y tan duras como las de éstos. Y sin embargo, curiosamente, qué resultados tan diferentes en sus respectivas profesiones.
Frente al desastre de los juzgados con sus cientos de expedientes en activo colocados sobre las mesas de los funcionarios y en todos los rincones de los juzgados, con sus procedimientos abiertos durante años si hay suerte y durante decenios si no la hay, tenemos el contraste con las eficacísimas oficinas de notarías y registros donde da gusto entrar, los empleados se dedican a trabajar y no a charlar y donde te atienden amablemente y despachan tu asunto en dos telediarios.

¡¡¡ Tristan quiere privatizar la Justicia, que sea de pago y que sea sólo para ricos !!!
Nada de eso, dejemos las demagogias. La Justicia puede seguir siendo gratuita, y ciega y todas esas cosas. Con mi propuesta, el Estado tendría que pagarle al juzgado por cada procedimiento finalizado con sentencia firme, retrasando el pago si la sentencia es recurrida y cancelándolo si la sentencia no es confirmada por la instancia superior.
La primera ventaja de mi propuesta es que los jueces y los oficiales y agentes judiciales dejan de ser funcionarios y, por tanto, se tendrían que sacudir esa indolencia que les aqueja a todos.
La segunda ventaja es que empiezan a cobrar por productividad, si no hay sentencia el juzgado no factura.
La tercera ventaja es que como su cobro se verá retrasado si la sentencia es recurrida e incluso cancelado si la sentencia es anulada por la instancia superior, los jueces se tendrían que atar a los machos y dejarse de sentencias originales (tipo se buscó que la violaran porque vestía minifalda) de esas que surgen del "uso alternativo del Derecho" y todas esas zarandajas.

Resumiendo, los juzgados ganarían en agilidad, productividad y eficacia y los jueces recuperarían el buen nombre que en justicia deberían tener, pero sobre todo ello lo más importante, habría Justicia.
Actualmente no parece que la haya.
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