CARTA AL MINISTRO... TOC, TOC.

La presente tiene por objeto solicitar un encuentro personal con el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, DON ALBERTO RUIZ GALLARDÓN.

El motivo de la petición es doble, por una parte solicitamos la apertura de un canal continuo de información sobre el desarrollo del futuro de la función registral y por otra parte ofrecemos nuestro extenso conocimiento de la realidad, situación y necesidades de estas oficinas, todo ello por tanto referido al marco de los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España, en cuyo ámbito se han producido modificaciones en desarrollo, de las que tras la entrada en vigor del Artículo 19. Organización de los Registros, de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, tenemos un conocimiento externo, siendo parte actora e interesada, y en cambio ofrecemos nuestro profundo conocimiento sobre el 2º convenio colectivo sectorial de publicación en el BOE de 10 de octubre de 2013 por Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de los registradores de la propiedad y mercantiles y su personal auxiliar.

El citado artículo, ha tenido cumplido desarrollo la petición que desde el colectivo y con casi 50.000 firmas se remitió a ese Ministerio, a la atención de su anterior titular, y posteriormente al órgano competente ya bajo su dirección, y de la que ha resultado la toma de consideración por lo que el Registro de la Propiedad y Mercantil estará abierto al público a todos los efectos, incluido el de presentación de documentos, de lunes a viernes desde las nueve a las diecisiete horas, salvo el mes de agosto y los días 24 y 31 de diciembre en que estará abierto desde las nueve a las catorce horas.

El desarrollo del resto del artículo está siendo objeto de agrio e interesado debate por parte de los Registradores, tras la Asamblea de Zaragoza, de la que suponemos que tendrá constancia, cuyos efectos fueron una situación de confrontación interna entre los mismos que han motivado unas elecciones a la Junta del Colegio de Registradores con dos candidaturas antagónicas y excesivamente beligerantes, en las que puede observarse un conflicto generado más por intereses económicos particulares que por el futuro de la función registral.

Nuestro colectivo, el personal de estas oficinas, observó preocupado la desastrosa demarcación del año 2.007, el triste resultado que demostró el anacrónico sistema demarcatorio establecido en la LH., y cómo los intereses particulares y personales de los Registradores generaron con sus informes, inocuos e inoperantes filtros de la Dirección General y Colegio, y escaso papel técnico –reducido por el alto y específico contenido de la delimitación territorial de oficinas que representa la demarcación- del Consejo de Estado. Podemos decir sin exagerar que en las oficinas los empleados conocíamos y temíamos una demarcación hecha con fines políticos y desarrollada con fines personales, con un resultado que ya nadie defiende, sino que se intenta paliar, ahora como sustitutivo placebo de una reforma integral de los registros que debería haberse acometido a comienzos de este siglo, y que ahora parece se lleva a cabo, nuevamente sin oir a una de las partes implicadas, los empleados, quizá quiénes más pueden ayudar a introducir los “criterios objetivos” con los que se debe desarrollar la nueva organización registral según dice literalmente el expresado artículo: “Cada Registro de la Propiedad estará a cargo de uno o varios Registradores. El número de Registradores que estarán a cargo de cada Registro de la Propiedad, en régimen de división personal, se determinará sobre criterios objetivos, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia”.

Igualmente se ha iniciado la modificación del sistema de trabajo, introduciendo definitivamente a los registros en este siglo, aplicando a la labor de oficina su desarrollo tecnológico moderno, con el formato electrónico y el sistema informático único, que deberá incardinarse con la Administración electrónica, ya que dicho sistema informático deberá permitir que las Administraciones Públicas y los órganos judiciales, en el ejercicio de sus competencias y bajo su responsabilidad, tengan acceso a los datos que consten en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, si bien, en el caso de las Administraciones Públicas, respetando las excepciones relativas a los datos especialmente protegidos. Dichos accesos se efectuarán mediante procedimientos electrónicos y con los requisitos y prescripciones técnicas que sean establecidos dentro de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad.

Ambos desarrollos tienen ante sí el mismo problema, el dejar en manos de sus titulares la definición “objetiva” de la función registral. Evidentemente esta reforma no puede hacerse de espaldas al colectivo principal, pero cabe plantearse sin es conveniente no oir a nadie más. El acceso al Ministerio y a la Dirección General ha sido cerrado al colectivo de empleados desde hace años. La última vez que se acudió a una entrevista con el actual Director General, tras felicitarle por su nombramiento, a la pregunta sobre cuál era la política del ministerio ante los rumores de reforma, se limitó a decir “se enterarán por los periódicos”. No es que a niveles institucionales este colectivo haya sido tratado mejor en otras instancias, a niveles de Colegio de Registradores, o incluso a través de la Asociación Profesional de los Registradores, siempre se ha dejado claro que la función registral está a cargo de los registradores de la Propiedad, cuerpo altamente cualificado de opositores con función pública a su cargo, siendo a la vez, únicos responsables civiles de su actividad, lo que les da el carácter supuesto de “empresarios”, una naturaleza ambigua de los titulares de estas oficina que ha dado muchos quebraderos de cabeza a la Administración de Justicia y a ese Ministerio, pero que sin duda provoca determinados comportamientos ante los profesionales que dentro de un marco laboral llevamos el día a día de esas oficinas, que llegado este momento, debe cambiarse dentro del nuevo ámbito que va a suponer la tan necesaria reforma.

¿Es posible dejar en manos de los Registradores, individual, colectiva o corporativamente hablando, o de sus miembros incardinados en la Dirección General, el estudio del impacto económico de esta reforma, o ni tan siquiera la actual situación de crisis severa en que se ven inmersos los registros?.

La respuesta a esta pregunta debe quedar en sus cualificadas manos, pero antes de la toma de decisión, permítanos invitarle a recibir unas breves cuestiones referidas a aspectos que deben ser parte de los argumentos definitivos en su toma final de decisión y que difícilmente serán de su alcance si los desconoce, por que sólo tenga en cuenta a unos únicos e interesados interlocutores.

Evidentemente lo primero para el desarrollo del nuevo sistema es un estudio del impacto y viabilidad económica de las oficinas. El mismo debe partir de la situación ACTUAL y tener en cuenta las modificaciones a operar, su coste y su desarrollo.

En materia económica, el baile de números de los ingresos del arancel es algo tan oscuro como la materia presupuestaria de su Ministerio, pero todos sabemos que si no hay, no se saca, y no se hace nada.

Para nosotros, evidentemente, el primer coste a salvaguardar, el más necesario para el mantenimiento del sistema, es el laboral, y ante eso, nosotros somos los no fiables. Evidentemente plantearemos toda la oposición posible a la reducción de puestos de trabajo. No es materia en la que vayamos a sorprenderle, pero sí que le vamos a invitar a conocer otras “partidas” de las que probablemente ni se mentarán delante de Ud., y que los registradores-empresarios no tienen intención de “tocar” ya que corporativa e individualmente son intereses irregularmente tratados en la actualidad.


1º.- ¿Tiene conocimiento del gasto económico, la razón del mismo, y la naturaleza irregular de su propio desarrollo que suponen los alquileres de las oficinas de los registros?.

En las demarcaciones puede que se proponga “objetivamente” suprimir registros que son prácticamente gratuitos de mantener, con alquileres pagados por los propios ayuntamientos, programas y personal reducidos, a los que se les aplica un criterio de “economía de escala” que oculta la vagueria de tener que trasladarse al mismo, a cambio de 4 perras euros por ejemplo- si el mismo es incorporado pero no integrado en una hipotética agrupación.

En Madrid, titularidad de una empresa formada por el Colegio y Registradores emprendedores a título individual, el edificio de los registros está medio vacío, tiene una losa económica lastrada de un pasado oscuro e inauditado, que realza la necesidad de racionalización del gasto y control del destinatario de los ingresos del arancel y cuotas colegiales, y la observancia de unos estatutos colegiales que se han incumplido sistemáticamente para tapar un escándalo de gestión cuando menos ruinosa. Los dueños de los edificios de la Castellana, en los que están albergados los Registros Mercantiles, reciben unos alquileres que podrían evidentemente destinarse a paliar el desastre económico. Las razones que paralizan esta operación de suma de amortizaciones y reducción de gastos, son meros intereses personales tapados corporativamente.

2º.- ¿Tiene conocimiento de que el programa único para todos los registros, conlleva una licitación en la que pueden concurrir empresas con asociados, socios o colaboradores registradores y los inaceptables juegos de interés que tal hecho supone?.

Ha llegado a su conocimiento lo que ocurrió con el desarrollo del programa de nacionalidades a cargo de la “exclusiva” empresa FUTUVER, y la situación de las restantes empresas del sector ante esta y otras situaciones. Podemos anticiparle que alguna de esas empresas plantea en su desarrollo mayores garantías para la ejecución de un programa único, que quizá otras mejor posicionadas institucionalmente, y por otra parte que el marco actual de libre competencia de un sector “empresarial” no puede alterarse sin modificación institucional previa, sin que existan responsabilidades civiles evidentes en materia de libre competencia.

La actual situación de los Registros es grave, no pretendemos ser distintos de lo que acaece en este país, y en ese sentido, no ser oídos no sería para nosotros una sorpresa, pero nuestra posición ante esta reforma no es la de un colectivo que busque exclusivamente el mantenimiento de nuestros actuales puestos de trabajo, tenemos profesionalidad, ganas e interés por nuestro trabajo, por la función que se desarrolla en las oficinas en nuestras manos trabajadoras y dedicadas, y por eso, en nombre de un cuerpo de profesionales que siempre sabe adaptarse y evolucionar y que conoce el interior de este sistema ofrecemos nuestra perspectiva y nuestros humildes conocimientos en pos de una función registral que suponga una de esas brillantes y escasas contribuciones al desarrollo humano que en época de crisis y por la oportunidad que la misma nos brinda, podemos todos aprovechar en aras del beneficio común y sólo a través de él, en el propio de este colectivo y el de los Registradores.

Atte.

Impresionante!!!

Como siempre mi amigo Puck, te has currado un gran Post.  

Ya nos avisa cuando te llegue la respuesta de Don Alberto........